Presentada en la Cámara de Diputados y Senadores, la propuesta tiene el objetivo de modificar la Ley N°25.858 sancionada el 29 de diciembre de 2003 y reglamentada en 2006 por el ex presidente Néstor Kirchner.

Anteriormente, el artículo 3 inciso D del Código Electoral Nacional excluía a los detenidos por orden de juez competente mientras no recuperen su libertad. Pero ese postulado fue derogado y en las elecciones del 2007 los presos en prisión preventiva votaron. La modificación estableció la creación de un Registro de Electores Privados de la Libertad, quienes desde entonces pasaron a votar en boleta única en sus respectivos centros de detención

Ahora, la propuesta de Juntos por el Cambio intenta revocar esa habilitación. En sus fundamentos, Asseff indicó que dicha norma fue un “mero recurso para la obtención de votos por parte del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta el perfil de electorado que detenta el oficialismo”.

“Insistimos que los fondos que se destinados a estos actos, bien podrían ser utilizados en favor de su propia seguridad y mejoramiento de condiciones de infraestructura carcelaria, pues bien sabido es el hecho de las deplorables condiciones sufridas por las personas privadas de la libertad, contrariando parámetros constitucionales y de pactos internacionales de Derechos Humanos, de raigambre constitucional”, agregó el diputado nacional, que está acompañado por la firma de los legisladores del interbloque de JxCGeradoMilman, Carlos Zapata, Héctor Stefani, Francisco Sánchez, Alejandro Finocchiaro, Pablo Torello, Jorge Vara, Maru Sotolano, Virginia Cornejo y Gerardo Cipolini.

Lo cierto es que la iniciativa de Juntos por el Cambio contraría la jurisprudencia y el marco normativo constitucional.

La Ley N°25.858 surgió a partir del caso judicial “Mignone”, impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el que la Corte Suprema de Justicia se pronunció en 2002 sobre la inconstitucional de la prohibición de excluir del derecho al sufragio a las personas procesadas y bajo prisión preventiva. Uno de los fundamentos de esa sentencia está vinculado a la reforma constitucional de 1994, que otorga jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Actualmente, el Código Nacional Electoral es incluso más restrictivo que las instrucciones emanadas del máximo tribunal. La Corte Suprema dejó firme un fallo en febrero pasado de la Cámara Nacional Electoral que en 2016 garantizó el derecho al voto de las personas condenadas en causas penales. Es decir, no solo los presos procesados pueden votar, sino todos aquellos que fueron encontrados culpables con sentencia firme. Se trata de una exclusión que todavía sigue vigente en la legislación.