Morales urgió al ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, establecer el grado de responsabilidad de la transnacional en una protesta en la población petrolera de Camiri, el fin de semana último, que derivó en la toma de las instalaciones de Transredes y en el cierre de las válvulas, lo que impidió el suministro a cuatro regiones del país durante 15 horas. La Paz cifró las pérdidas en medio millón de dólares. "Yo le di una instrucción al ministro de Hidrocarburos. Estamos investigando seriamente y si se demuestra que hay un sabotaje, no tengo ningún miedo, no me va a temblar la mano para expulsar a la transnacional que sabotea y conspira contra el gobierno, contra la economía nacional", declaró el mandatario izquierdista, citado por la agencia oficial de noticias ABI. El gobernante se dijo dispuesto a investigar una denuncia en el sentido de que las válvulas de los ductos que abastecen los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, Cochabamba y Potosí fueron cerradas dos horas antes de que enfurecidos pobladores tomaran las instalaciones e intimaran la suspensión del bombeo. El jefe de Estado también denunció que funcionarios de Transredes demoraron sin razón por casi dos horas el restablecimiento del bombeo, con una serie de pretextos después de que uniformados retomaran sus instalaciones y desalojaran a los manifestantes que en su retirada alcanzaron a volar una parte del muro perimetral que protege oficinas y la planta. "Recuperamos la planta a las 04H30 de la mañana (del sábado). Se dio seguridad a la empresa, pero los técnicos de Transredes no reactivan la planta. A las 6H00, 7H00 dicen que todavía se siente olor a gas, que eso puede causar explosión. A las 8H00, 9H00 otra vez llamamos, para que repongan la planta porque Bolivia no podía seguir perdiendo, y nos dicen que otros puntos de bombeo no están siendo controlados", cuestionó el mandatario. La Shell no había hecho ningún comentario sobre la acusación del presidente. Gerenciada por la Enron estadounidense, Transredes se estableció en el país en 1996 y el gobierno de entonces, presidido por el ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada le entregó en concesión por 40 años la red de 5.000 km de ductos boliviana. Tras la caída de Sánchez de Lozada en octubre de 2003, durante su segundo mandato, y la nacionalización de los hidrocarburos en mayo último, se cuestionó la legalidad y condiciones de establecimiento de Enron en Bolivia. Su participación en el paquete accionario (50%) fue cedida entonces a otra compañía Vintage y en el último tiempo recaló plenamente en la Shell. Morales ha gestionado en su vista a principios de año a Amsterdam la nacionalización de Tranredes, puesto que el 49% de la acciones de la empresa pertenece aún al Estado boliviano. El corte de suministro se dio durante un paro de la población de Camiri, que reclamó durante ocho días hasta el pasado lunes mediante un corte de rutas y la toma de instalaciones petroleras mayores beneficios de la renta petrolera. El paro se levantó cuando el gobierno se comprometió a instalar en esa región sudoriental la gerencia de Exploración y Explotación de gas y petróleo de la empresa estatal YPFB. Fuente: NA