Morales asumió la dirección de la negociación después que los cooperativistas mineros ocuparan una céntrica plaza capitalina y libraran escaramuzas con policías y transeúntes, con un saldo de dos uniformados heridos. Andrés Villca, líder de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin), exigió negociar personalmente con Morales, amenazando con ampliar las manifestaciones callejeras y continuar castigando la sede del Ejecutivo boliviano "el tiempo que sea necesario". Los mineros, que atacaron a la fuerza pública con fulminantes de dinamita, tomaron de rehenes a cuatro policías y secuestraron dos vehículos de servicio público que devolvieron tras una negociación con las autoridades. Un grupo de mineros intentó ingresar a la Plaza de Armas -a uno de cuyos costados se alza el presidencial Palacio Quemado donde Morales se reuniría poco después con los dirigentes mineros pero fue frenado por la Policía Militar. "Esto constituye una provocación de grupos radicalizados que quieren evitar que el diálogo se produzca o quieren ver fracasar este diálogo, y el Gobierno no va a caer en esa provocación", deploró el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada. Tras los incidentes, Morales se sentó a negociar con 40 delegados de Fencomin que agrupa a 64.000 trabajadores que explotan yacimientos en pequeñas cooperativas, ubicados principalmente en los Andes bolivianos. Poco después Villca y el ministro de Trabajo Wálter Delgadillo, aseguraron que la negociación llegará a buen puerto, mientras los mineros inconformes, que por segundo día volvieron a colapsar el tránsito vehicular en La Paz, impedían el paso en la Plaza San Francisco, punto central que divide a la ciudad en dos. Villca esgrimió que "lo único que no queremos es que se incremente el impuesto" a la minería, con el que Morales intenta recaudar 300 millones de dólares este año. La agrupación opositora Podemos, del ex presidente conservador Jorge Quiroga, pidió al mandatario socialista "un trato preferencial" para los mineros privados. El senador derechista Oscar Ortiz pidió "darles seguridad jurídica en sus contratos de concesión". El Gobierno prevé subir el Impuesto Complementario Minero (ICM) a distintos niveles según el metal y la fluctuación de la cotización internacional. La presión ejercida por los mineros sobre el Ejecutivo boliviano se mantiene a pesar de que la administración gubernamental ordenó congelar la disposición tributaria para Fencomin. Pero los manifestantes no piden que se congele el tributo sino que se elimine directamente. Una decena de compañías extranjeras, principalmente estadounidenses y europeas, operan en Bolivia desde la década pasada bajo una legislación privatizadora que Morales se propone revisar. El mandatario, que ha acusado a los mineros de beneficiar indirectamente a las grandes compañías, puesto que de 1.000 millones de dólares exportados en 2006 sólo tributaron 58 millones, apunta a nacionalizar la actividad en este país tradicionalmente minero. Fuente: NA