Morales, a quien la oposición achaca responsabilidad en la muerte de 18 bolivianos, -los 16 mineros más dos cocaleros que cayeron en choques la semana pasada- denunció una conspiración contra su gobierno luego de destituir a Villarroel. Los combates fueron entre mineros cooperativistas (privados) y sindicalizados (estatales) por el control de un rico yacimiento de estaño al sur de Bolivia, y sólo cesaron tras un acuerdo alcanzado la noche del viernes en La Paz bajo la mediación del gobierno. "Después de profundas reflexiones llegué a la conclusión de que aquí en Bolivia hay una conspiración interna y externa a la democracia, a mi gobierno y a Bolivia", dijo el mandatario izquierdista que en ocho meses ha perdido gran parte de su popularidad, de 81% con que juró en enero pasado, a 51% a fines de septiembre último, de acuerdo con sondeos privados. Los sucesos de Huanuni y los del central Parque Carrasco, una reserva ecológica donde la semana pasada dos cocaleros perdieron en la vida en choques armados con la policía, también hacen caer los bonos del presidente indígena entre sectores que, por clase y raza, se identifican con él. Pese a que Huanuni amaneció en paz este sábado tras dos días de inexplicable violencia armada en un sector que siempre estuvo unido para combatir -sobre todo la dictadura militar de los años 60 y 70- la popularidad de Morales iba en caída en ese rico yacimiento de estaño, donde los humildes mineros se enfrentaron a bala y dinamita por los empleos. En aras del acuerdo para que cesara la violencia, Morales debió sacrificar a su ministro de Minería, ligado al sector de los cooperativistas. Ahora, tras esa destitución, la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros (Fencomin), que agrupa a unos 20.000 obreros en todos los yacimientos de los Andes de Bolivia, le ha quitado su respaldo al presidente. "Nadie pensaba que ésa (la destitución de Villarroel) iba a ser la actitud de Morales; justamente en este momento de dolor nos hizo ver como culpables del enfrentamiento", deploró el jefe de Fencomin, Pascual Huarachi. La matriz sindical Central Obrera Boliviana (COB), uno de cuyos fundamentos históricos es el sector minero, también está disgustada con el mandatario a quien responsabiliza por la sangre derramada en Huanuni y amenaza ahora con un juicio de responsabilidades. "Nosotros vamos a adelantar un juicio de responsabilidades al gobierno. Vamos a ir contra el gobierno central, porque en su debida oportunidad no ha dado una solución (al conflicto minero) y debido a esto ha pasado (la matanza). Pero también ahí el ministro de Minería ha estado incitando", anunció el líder de la COB, Pedro Montes. El gobernante indígena enfrenta además un difícil panorama, por la redoblada oposición de políticos de derecha y líderes y prefectos de cuatro de las nueve regiones bolivianas. Adicionalmente tiene pendiente una batalla para consolidar la nacionalización del petróleo y el gas, lo que le significa negociar con 20 compañías multinacionales. Además de haberse plantado contra Estados Unidos, en defensa de la hoja de coca, el mandatario, cuya política petrolera ha despertado recelos en la Europa que batió palmas por su asunción al poder, encara enormes dificultades para imponerse en la Asamblea Constituyente, por vía de la cual se propone refundar el país más pobre de Sudamérica. Fuente: AFP-NA