El gobernante desplazó temprano a una comisión de su gabinete, encabezada por su brazo derecho, el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, hasta el poblado amazónico de San Ignacio de Moxos, a más de 500 kilómetros al noreste de La Paz para dialogar con los nativos que llegaron a este poblado, pero éstos se negaron a hablar con la autoridad.
“No, no vamos a ir al diálogo, porque eso lo hemos determinado ayer (por el viernes), porque el mandato es que si no venía el presidente no vamos a participar del diálogo” con los ministros, afirmó el líder indígena Adolfo Chávez, entrevistado por el canal privado de televisión Unitel.
Los marchistas, acotó Chávez, descansarán en San Ignacio de Moxos y reiniciarán en las próximas horas su caminata que pretende terminar en La Paz, en unos 35 días más, cubriendo un trayecto de 600 kilómetros.
San Ignacio de Moxos es justamente el destino final que tendría la carretera asfaltada de 300 kilómetros que el Gobierno quiere construir desde el poblado cocalero de Villa Tunari (centro), el bastión político del presidente Morales.
Los nativos amazónicos exigen, esencialmente, que no se construya el camino o que se siga otro trazo, sin afectar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en el centro del país, una zona rica en flora y fauna y donde habitan varios pueblos indígenas desde tiempos ancestrales.
En sus reclamos ya acudieron a la OEA y al gobierno brasileño que financiará la vía que tiene un costo total de 415 millones de dólares. Los aborígenes argumentan que la obra vial dañará el ecosistema del TIPNIS, de una extensión de un millón de hectáreas.
La vía comenzó a ejecutarse, aunque todavía no llegó a la reserva ecológica, mientras el gobierno defiende la obra que, según insiste, generará desarrollo en la región.