Para dotar a la Eurozona de un mecanismo permanente y creíble que la proteja de futuras crisis económicas y de las turbulencias de los mercados, los líderes de la Unión Europea acordaron en la madrugada de ayer en una cumbre en Bruselas un “cambio limitado” del Tratado de Lisboa.
“El euro sale fortalecido”, se felicitó la canciller alemana, Angela Merkel, que convenció a todos sus socios de la necesidad jurídica de modificar un texto que costó una década de negociaciones sacar adelante.
Con el cambio, la UE dará luz a un fondo de apoyo permanente para los países en riesgo de quiebra en la Eurozona, garantizando que el Tribunal Constitucional alemán no vete el proyecto, ya que el texto actual no permite a un Estado miembro ser rescatado financieramente por sus socios.
Alemania será el primer contribuyente de ese mecanismo, creado en un primer lugar por tres años tras la crisis de la deuda griega que agitó los fundamentos de la zona euro durante la pasada primavera boreal.
Pero la pequeña modificación impuesta por Berlín corre el peligro de convertirse en un nuevo quebradero de cabeza para la UE.
El Tratado de Lisboa entró en vigor en diciembre de 2009, después de un lustro de complicaciones y pasos en falso, que empezó con el fracaso del texto predecesor, la Constitución Europea, rechazada por franceses y holandeses.
El proceso de ratificación de Lisboa en cada uno de los Estados miembros también fue arduo y a punto estuvo de no ver la luz en varias ocasiones: cuando los irlandeses dijeron no en un primer referéndum o el presidente checo, Vaclav Klaus, amagó con oponerse y dar al traste con todo el proceso.
En esta ocasión, “no se trata de reabrir el tratado ni relanzar los debates institucionales”, prometió el presidente europeo, Herman Van Rompuy, encargado de “iniciar consultas” de cara a la modificación del tratado, prevista a más tardar a mediados de 2013.
Los dirigentes europeos confían en adoptar un procedimiento “simplificado” para ratificar ese cambio, evitando por ejemplo implicar al Parlamento Europeo y atajando el riesgo de reabrir nuevos capítulos.
Pero, en cualquier caso, los 27 deberán obtener el apoyo de sus parlamentos nacionales y está por ver si, jurídicamente, alguno de ellos deberá convocar un referéndum.
“Es demasiado pronto” para determinar si será “necesaria” una consulta popular en Irlanda, previno el primer ministro, Brian Cowen.
Antes incluso de lanzar el proceso, ya hay incluso divergencias sobre cómo formular la cláusula que permitirá poner en marcha el fondo de rescate: “Hay tantas opiniones sobre la mesa como Estados miembros de la UE”, confió un alto funcionario europeo.
Un cambio “limitado, sí, pero sabemos muy bien que cualquier (proceso) de cambio de tratado no será limitado”, ya que algunos países podrían aprovechar la ocasión para presentar sus propias reivindicaciones, advirtió una segunda fuente europea.