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Sabado 2 de Mayo de 2026

Negaron haber autorizado torturas en interrogatorios

05/10/2007 |?Este país no tortura?, dijo la vocera de la sede de gobierno, en respuesta a las acusaciones del New York Times. En su edición de ayer, el diario publicó un aparente memorando secreto, en el que se nombran ?tácticas que causan dolor físico y corporal?, entre otros métodos.

La Casa Blanca negó este jueves que la Secretaría de Justicia haya autorizado la aplicación de torturas en interrogatorios a presuntos terroristas tal como sostiene un memorando secreto que fue publicado por el diario New York Times. "Este país no tortura: es la política de Estados Unidos que no se debe torturar, y no torturamos", aseguró la vocera de la Casa Blanca, Dana Perino, en una conferencia de prensa, informó la agencia italiana ANSA. La declaración de Perino fue una respuesta al diario New York Times que en su edición de este jueves publicó un documento secreto de febrero 2005 en el que el Departamento de Justicia opina a favor de que la CIA someta a prácticas "violentas" a sospechosos de terrorismo para obtener información. Entre las prácticas citadas en el memorando figuran "tácticas que causan dolor físico y corporal, entre ellas golpearles la cabeza a los detenidos, simular que se los va a ahogar o someterlos al frío". La nota del diario neoyorquino señala que, si bien la CIA interrumpió brevemente en 2006 la aplicación sistemática de maltratos a los detenidos, retomó su uso que sigue vigente hasta la actualidad. La denuncia indica que la "mano dura" se reinstaló gracias a la cobertura legal ofrecida por la Secretaría (Ministerio) de Justicia. Consultada acerca del artículo periodístico, Perino confirmó la existencia del memorando aunque evitó explicar si efectivamente autorizaba la aplicación de tormentos. En 2005 el Departamento de Justicia estaba al mando de Alberto Gonzales, un estrecho colaborador del presidente George W. Bush que fue desplazado en agosto último por "abuso de poder" debido a su presión para que se despida a nueve fiscales federales. Ese mismo año, el Congreso estadounidense había prohibido el trato "cruel, inhumano y denigrante" de los detenidos, pero el Departamento de Justicia había establecido que los métodos de interrogación violentos, propios de la CIA, no se oponían a esa decisión de los legisladores, informó la agencia alemana DPA. La confirmación de la denuncia periodística demostraría el incumplimiento de la ley contra la tortura aprobada por el Congreso y de la sentencia de la Corte Suprema que ordenaba garantizar a todos los detenidos señalados como miembros de Al Qaeda todos los derechos de la Convención de Ginebra. En tanto, el precandidato demócrata a la presidencia, Barak Obama, denunció el peligro que representa la práctica de torturas. "La autorización secreta de brutales interrogatorios es una vergonzosa traición de nuestros valores más profundos, y un grave peligro para nuestra seguridad", señaló Obama. Por su parte, los diputados demócratas John Conyers, quien preside el comité Judicial de la Cámara de Representanbtes, y Jerrold Nadler pedirán una investigación parlamentaria sobre los memorandos secretos de la cartera de Justicia que autorizan los tormentos a los detenidos. Conyers dijo que "tanto el presunto contenido de esas opiniones y el hecho de que hayan sido mantenidas en secreto es extremadamente preocupante". En otra parte de su investigación el New York Times relata que personal de la Secretaría de Justicia se rebeló en 2004 contra los métodos violentos de la CIA que fueron empleados como conducta en el marco de la llamada "lucha contra el terrorismo" tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Gracias a esa actitud los abogados de esa cartera lograron que a fines de 2004 se emitiera un documento oficial que declaraba "repugnante" la tortura. Sin embargo, la Casa Blanca contragolpeó con una ofensiva encabezada por el vicepresidente, Dick Cheney, y acompañada por la postulación de Gonzales al frente de Justicia con la que maniató la rebelión y subordinó a los funcionarios díscolos a los criterios del Gobierno.
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