Decenas de organizaciones sociales locales criticaron la política del BID al considerar que el sector más beneficiado en los millones de dólares que desembolsan en programas de desarrollo es el sector privado y no la población más vulnerable, mientras que cientos de activistas se manifestaron en las calles. Representantes de la denominada la Mesa Global, que agrupa a varias entidades sociales y humanitarias, realizó un foro alternativo en el cual las comunidades que se declaran afectadas por proyectos apoyados por el BID en Centroamérica alegaron daños sociales y ecológicos, así como futuros desembolsos. Entre ellos, se destaca el programa de desarrollo impulsado por México, el Plan-Puebla-Panamá (PPP), cuyos beneficiarios serán las empresas privadas, y provocará un aumento de la deuda externa para la región, según la activista Lucrecia Cordón. "Ellos (BID), otorgan préstamos partiendo de un modelo en el que ellos supervisan, cobran y endeudan a los países centroamericanos, bajo el amparo del desarrollo independiente que nunca se ha echado a andar en cuatro años de vigencia del plan, sólo han beneficiado a empresas privadas con endeudamiento público", dijo por su lado el dirigente campesino Carlos Arreaga. Según Arreaga, el hecho de considerar la inversión en transporte, energía y telecomunicaciones para el desarrollo del PPP, el BID está apoyando la privatización de los servicios públicos y el debilitamiento del papel del Estado, en detrimento de las mayorías de los países miembros. "Todo para la facilitación comercial y crecimiento de las grandes industrias, en los que desembolsará 12 billones de dólares, para cubrir la agenda de la iniciativa privada de la región", sentenció el dirigente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC). Además, Arreaga destacó que comparativamente, los proyectos de desarrollo sostenible como el turismo, la mitigación de desastres o información y participación, que, según él, podrían ser la parte humana del PPP, aparecen con un perfil bajo en la agenda de prioridades y en las proyecciones financieras del BID. Entre tanto, unos 300 guatemaltecos realizaron una marcha en diversos lugares de esta capital mientras se desarrollaba la sesión inaugural de la XLVIII asamblea anual del BID. En los alrededores del Gran Teatro Nacional Miguel Angel Asturias, sede de la ceremonia, y del lujoso complejo hotelero, sede de la cita, cientos de guatemaltecos recorrieron calles para demandar una respuesta del gobierno guatemalteco por la quiebra de un banco que los dejó en la miseria. Uno de los afectados por la quiebra del Banco del Comercio, Fernando Mérida, explicó que la protesta es para intentar llamar la atención de los directivos del BID sobre la realidad financiera del país. Según Mérida, los afectados son más de ocho mil guatemaltecos ante la quiebra de la institución, la mayor de ellos ancianos o pequeños y medianos comerciantes. Otro punto de discordia se originó porque los organizadores impidieron el acceso a los hoteles donde se realiza la asamblea a cuatro líderes de distintos movimientos sociales, entre ellos el influyente obispo católico Alvaro Ramazzini, férreo crítico de la explotación minera y representante de los sin tierra. Los dirigentes intentaron ingresar para dar una conferencia de prensa de forma paralela a la actividad del foro financiero donde "hablarían sobre el fracaso del BID en Guatemala de asegurar un desarrollo inclusivo, sostenible y equitativo", indican las organizaciones en un comunicado. Fuente: AFP-NA