La resolución del juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini, notificada esta jornada a la fiscalía y a las defensas, recae sobre los ex militares José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y José Arab, y el policía retirado Ricardo Medina, ya procesados con prisión en Montevideo. Los imputados habían sido detenidos en mayo preventivamente mientras se tramitaba el pedido de extradición, y el 11 de setiembre fueron procesados con prisión por el juez Luis Charles por los delitos de "privación de libertad" y "asociación para delinquir" en la desaparición del militante de izquierda Adalberto Soba. Antes de cumplir la extradición a Argentina, los imputados deberán completar en Uruguay las eventuales condenas que surjan de este procesamiento. En el fallo, Fernández Lecchini indica que los imputados "no podrán ser juzgados" por la justicia argentina por los mismos delitos por los que fueron juzgados en Uruguay. El pronunciamiento condiciona la entrega a que "no se les aplicará la pena de reclusión perpetua", ya que no existe en la legislación uruguaya, y señala que "se les descontará de la pena que eventualmente pudieren sufrir, el tiempo que permanecieron detenidos". El exhorto con el pedido de extradición fue librado por el juez federal argentino Guillermo Montenegro -que incluyó a un séptimo requerido, el ex militar uruguayo Julio Vadora, fallecido en 2002- en la causa por el centro de detención clandestino argentino Automotores Orletti, en el marco del Plan Cóndor, que coordinó la represión entre las dictaduras del Cono Sur en los años 1970. La dictadura uruguaya se extendió de 1973 a 1985, mientras que la argentina tuvo lugar entre 1976 y 1983. En vísperas de la resolución, y ante la inminencia de que el magistrado hiciese lugar a la extradición, las esposas de los acusados rompieron un sigilo de más de 30 años y enviaron una carta abierta a los medios en la que rechazan la exposición mediática de la que han sido objeto sus familiares. "Ahora consideramos que al menos debemos desahogarnos denunciando la actual situación que a diario alimenta la división y el odio", subrayaron. Indicaron que "en las décadas del 60-70 ante el ataque de un grupo de seudo iluminados, el gobierno legalmente constituido encomendó a los nuestros la primera fila en la lucha por la defensa de todo un país que vivía en desconocimiento de tanto odio y demencia". Enfatizaron que "quienes pretenden juzgamientos amparados en una seudo política de Derechos Humanos no están haciendo otra cosa que proceder a verdaderos linchamientos movidos únicamente por la sed de venganza". La presente sentencia de extradición constituye un nuevo paso a nivel judicial en la búsqueda por esclarecer las violaciones a los derechos humanos. En abril pasado, Uruguay concedió por primera vez en su historia la extradición de tres militares a Chile en el marco de la investigación del secuestro y asesinato de un ex agente de la dictadura de Augusto Pinochet, el bioquímico Eugenio Berríos. Luego tuvo lugar el inédito y ya mencionado procesamiento con prisión dictado por el juez Charles de ocho ex militares y policías, entre ellos los seis reclamados por Argentina. En noviembre, en tanto, el juez Roberto Timbal procesó con prisión al ex dictador uruguayo Juan Bordaberry (1972-1976) y a su ex canciller Juan Carlos Blanco por coautoría de homicidio en los asesinatos de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y los militantes de la guerrilla tupamara Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en Buenos Aires en mayo de 1976. Fuente: NA.