El Senado, controlado por el derechista partido Podemos, estaba bloqueado desde la semana pasada, pero tres congresistas opositores sorpresivamente aceptaron el martes votar y, con el quórum recompuesto, lograron aprobar en esa instancia la ley de tierras para regocijo del gobierno. El socialista Santos Ramírez, presidente del Senado de 27 miembros, rearticulado a última hora del martes con el concurso de 12 oficialistas y tres opositores -vituperados este miércoles de "traidores" y "asquerosos" por sus correligionarios- demandó todo el apoyo para el presidente izquierdista Evo Morales. "Esta vez los bolivianos no sólo tenemos que apoyar a un presidente, al Gobierno, tenemos que apoyar a nuestro país", demandó exultante Ramírez. En diez meses de gestión, Morales, un izquierdista cocalero, ha nacionalizado los hidrocarburos, instalado la Asamblea Constituyente, y ahora logra otro de sus objetivos grandes: entregar una ley agraria. "Esta vez no hemos aprobado leyes ni de capitalización ni de privatización" con las que la mayor parte de las empresas públicas bolivianas, incluidas las estratégicas, fueron transferidas en la década de los 90 y parte de la presente a manos privadas en condiciones desventajosas para el país, hizo notar. "Ahora termina el latifundio en Bolivia. Tenemos el instrumento para acabar con los terratenientes del oriente", había proclamado el martes Morales. Pero la oposición, que vio en la actitud tránsfuga de los congresistas una burda maniobra política del gobierno, reaccionó con virulencia a la aprobación de la ley de tierra, lo que puede profundizar aún más un enfrentamiento que también se libra por el control de la Asamblea Constituyente y por un proyecto de fiscalización a los gobernadores. De hecho la oposición llamó "a la resistencia civil pacífica" contra la política oficial, resistida por cinco de los nueve gobernadores, y las influyentes organizaciones civiles y empresarios agropecuarios de ocho departamentos. Los departamentos orientales del país, enfrentados con Morales casi desde el comienzo de su mandato y donde la ley de tierras tendrá su mayor aplicación, expresaron su molestia con la ley. "El MAS (partido oficialista) ratificó una vez más la vieja práctica política, pues acaba de comprar a tres senadores opositores que han traicionado a sus regiones y sus electores", dijo Luis Baldomar, asesor de la Confederación Nacional de Agropecuarios (Confeagro).Baldomar calificó de "engendro de la corrupción" la nueva ley. "Hoy abiertamente el presidente Morales ha convocado a los movimientos sociales a pasar por encima de las leyes y la propia Constitución Política del Estado, eso es muy peligroso para la democracia", denunció Mauricio Roca, presidente de Confeagro. Por su parte, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Germán Antelo,-entidad cívico-política- lamentó que se apruebe una ley sin el acuerdo del sector agropecuario del oriente de Bolivia, que es el que trabaja la tierra. La nueve ley determina que la tierra debe tener una función económica social que debe ser revisada en plazos no mayores a dos años. Uno de sus artículos expresa que la "expropiación de la propiedad agraria procede por causal de utilidad pública calificada por ley o por incumplimiento de la función económico social". Para el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, el espíritu de la nueva norma es que "no hay propiedad sin trabajo y no hay empresa agropecuaria sin una función económico social". Fuente: AFP-NA.