La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a sus afiliados para una "manifestación pacífica" y suscribió un acuerdo con las autoridades en el que garantizó que haría escuchar su voz sin alterar el orden público. La marcha se inició tal como estaba previsto, con trabajadores y trabajadoras acompañados de hijos pequeños que contribuían a enmarcar el acto en un clima familiar. Pero la violencia surgió de pronto, en la retaguardia de la columna que avanzaba por la Alameda de Santiago, cuando decenas de encapuchados, en su mayoría jóvenes, lanzaron las primeras pedradas al pasar frente al palacio presidencial de La Moneda. La marcha prosiguió por más de un kilómetro para llegar al escenario central, pero la violencia reapareció en diferentes puntos del recorrido, con pedradas que destruían vitrinas y el saqueo de algunos establecimientos comerciales. La policía de Carabineros reprimió a los revoltosos con chorros de agua y gases lacrimógenos y, un balance preliminar, señaló que dos fotógrafos de prensa y dos policías resultaron heridos, mientras una treintena de manifestantes fueron detenidos en el mayor brote de violencia callejera desde que asumió la presidenta Michelle Bachelet, el pasado 11 de marzo. Precedido por este clima, el acto de la CUT se inició con 15 minutos de adelanto y su presidente, el socialista Arturo Martínez, entregó un moderado discurso para pedir a la presidenta Bachelet una serie de reivindicaciones laborales. La mandataria, también socialista, no concurrió a la manifestación pero sí lo hizo su ministro del Trabajo, Eduardo Andrade. Entre las demandas de la CUT, Martínez planteó una reforma al sistema privado de administración de pensiones, para aumentar su cobertura, y demandó el estudio de una ley que regule la actividad de empresas subcontratistas. Martínez no obstante no pudo finalizar su discurso al ser interrumpido y obligado a bajar del estrado por tres activistas indígenas que lanzaron consignas contra el Gobierno, al que acusaron de mantener presos a una decena de dirigentes de la etnia mapuche, bajo una "ley antiterrorista" que promulgó el ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990), según dijeron. Cuatro presos mapuches, condenados a 10 años de cárcel por un incendio de bosques en terrenos de una empresa forestal, mantienen desde hace 49 días una huelga de hambre para exigir la revisión del juicio. "Mapuches torturados y vejados", señalaba un cártel extendido por los manifestantes en el escenario. La vicepresidenta de la CUT, María Rozas, admitió a la AFP su frustración por la forma en que terminó la conmemoración. "Estos actos de violencia de grupos de infiltrados y anarquistas empañan la verdadera celebración de los trabajadores", dijo. Advirtió además que pese a que tienen una evaluación positiva de las primeras semanas del gobierno de Michelle Bachelet, seguirán luchando por las reformas laborales. "Tenemos una buena evaluación del gobierno, pero no nos equivoquemos, estamos en la calle y seguiremos en la calle", afirmó. Fuente: AFP-NA