La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se hará cargo de los campos, mientras las compañías extranjeras que los operaban deberán regularizar su situación con nuevos contratos en un plazo de 180 días, de acuerdo al anuncio. "En ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el mandato del pueblo expresado en el referendo vinculante del 18 de julio de 2004 (...) se nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país", señala el decreto leído por Morales. "El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos", añade. Morales argumentó que con esta medida se solucionarán los problemas económicos del país, porque se generarán más fuentes de trabajo y porque la medida significa el inicio de una "verdadera nacionalización del Estado". Entre las compañías extranjeras que se verán afectadas por la disposición se incluyen las multinacionales Petrobras (Brasil), Repsol (España), British Gas y British Petroleum, de Gran Bretaña, y la francesa Total. El decreto establece que las petroleras que "realizan actividades de producción de gas y petróleo en Bolivia, están obligadas a entregar la propiedad a YPFB y toda la producción de hidrocarburos" a partir del 1 de mayo. YPFB asumirá desde ahora "la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios, tanto para el mercado interno como para la exportación y la industrialización", agrega. Morales advirtió que "sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten inmediatamente las disposiciones de esta norma legal, hasta que en un plazo no mayor de 180 días se regularice su actividad mediante contratos que cumplan las condiciones y requisitos legales y constitucionales". "Al termino de este plazo las compañías que no firmaron sus nuevos contratos no podrán seguir operando en el país", sentenció. Según el decreto, en este periodo de transición la distribución de ingresos por la producción de hidrocarburos y gas será de un 82% para el Estado y el restante 18% para las petroleras que lo exploten, una cifra que Morales consideró que "cubre el costo de operación, de inversiones y utilidades". "El Ministerio de Hidrocarburos determinará caso por caso, mediante auditorías las inversiones realizadas por las compañías así como sus amortizaciones, costo de operaciones y rentabilidad obtenida en cada campo petrolífero", afirma el decreto. En La Paz el vicepresidente Alvaro García Linera dijo que "a partir de hoy, (las multinacionales) tienen que entregar el 82% del total de la producción para los bolivianos, y sólo el 18% para las empresas extranjeras". "Antes (en la década de los 90), Bolivia obtenía (por el negocio del gas) 140 millones de dólares; con la nueva ley (aprobada en mayo del año pasado por el Congreso) subimos a 460 millones, hoy subimos a 780 millones de dólares en el año que viene", según García Linera. En medio de una multitudinaria concentración, el vicepresidente anunció que "no vamos a aceptar presión de ninguna empresa extranjera, no vamos a aceptar presión de ningún gobierno extranjero" para revertir la medida. Las Fuerzas Armadas expidieron en tanto un comunicado en el que anuncian la toma de control de los campos hidrocarburíferos. La medida "busca asegurar el funcionamiento de las estructuras de producción para garantizar el normal aprovisionamiento de energéticos para el cumplimiento tanto de compromisos internacionales como el abastecimiento del mercado interno", señaló el documento. En España el opositor Partido Popular (PP, derecha), exigió al jefe de gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que "defienda" los intereses de las empresas hispanas luego del anuncio de Morales, que afecta a Repsol, octava petrolera mundial y que a través de su filial Andina controla el 25,7% de las reservas de gas de ese país. Bolivia -segunda reserva de gas natural de la región- produce 150 millones de pies cúbicos de gas anuales y extrae 40.000 barriles de petróleo al día. Fuente: AFP-NA