Al resonante caso de la concejal Valeria Gette, quien admitió que siendo concejal le facturó en su momento a la propia Municipalidad por tareas que ejerció en la Oficina de Proyectos, se conocieron ayer otros casos similares.
El propio intendente admitió que el concejal oficialista, Nicolás Alem, que es profesor de Educación Física, le factura a la Municipalidad porque trabaja en el área de Deportes. Como justificativo indicó que a diferencia de los concejales de Gualeguaychú, los de Larroque cobran 2.500 pesos y con eso es imposible sostener una familia.
Pero no solamente algunos concejales del oficialismo facturan en la Municipalidad.
Ayer, el concejal radical, Francisco Benedetti, sorprendió a EL ARGENTINO cuando afirmó que el año pasado el concejal Braulio Bultinch tuvo una relación económica con la comuna, a través una empresa de informática que representa. Bultinch integra hoy el bloque radical a través del Frente Cívico y Social.
“Esta situación se habría repetido en otras gestiones, cuando, ante la ausencia de otras ofertas, un funcionario aparece como único prestador de la ciudad para cumplimentar un servicio que termina siendo facturado”, justificó Benedetti.
Ante la pregunta si considera normal esta situación o si es ético facturar como prestador siendo concejal, Benedetti dijo que “las cosas se tienen que hacer con más claridad y se deben respetar lo que dicen las normas. Ningún concejal le debería facturar al Municipio” sostuvo.
Si bien es cierto que la dieta de un concejal en Larroque es magra (2.500 pesos frente a los 15 mil del intendente o los casi catorce mil que cobran algunos secretarios municipales), esta práctica cuestiona lo que es legal, lo que es correcto y lo que es ético. ¿No sería más fácil aumentarles la dieta a los concejales que admitir prácticas que si bien pueden ser legales no son del todo correctas? Y por otro lado, hay que tener en cuenta que no todos los concejales pueden tener el “privilegio” de facturarle al Municipio. ¿El Tribunal de Cuentas no tiene nada para decir?