El paro tiene "un marco de unidad, sin ningún interés político ni desestabilizador", señala en un comunicado el directorio del Comité Cívico Pro Santa Cruz (CCPSC), una unión de empresarios y dirigentes políticos locales, que convocó a la medida. La región solicita la creación de al menos 800 nuevos puestos de médicos para el sector de la salud pública y unos 1.500 para maestros, además de atención a los afectados por fuertes riadas a principios de año. "La propuesta que nos hacen para educación y salud no nos satisface", protestó Alejandra Vaca Díez, responsable de ambos sectores en la prefectura (gobernación) de Santa Cruz. La influyente organización cívica de Santa Cruz, que agrupa a unas 200 entidades de distinta índole, suele reflejar la posición política de los fuertes sectores empresariales contrarios al presidente izquierdista Evo Morales. "Lamentablemente creemos que el Comité Pro Santa Cruz no ha entendido todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional respecto a los pedidos que tiene", sostuvo el vocero presidencial Alex Contreras. Contreras hacía referencia al recorte del 57% del salario de Morales y de los miembros de su equipo de ministros y de los 157 legisladores para destinar el remanente a la creación de más puestos para maestros y docentes. Una decisión de Morales de aumentar los salarios en 7%, el doble de lo habitual en la última década a ambos sectores también fue rechazada inicialmente por los sindicatos, que la aceptaron finalmente, tras obtener otros beneficios. "Es la primera vez que un movimiento cívico paralizará un departamento por la dotación de ítems (puestos) de salud y educación, cuando el gobierno les ha explicado de manera muy clara y transparente" la situación de precariedad del erario del Estado, señaló Contreras. A pesar de la situación, "se intentará otra vez hacer entender al movimiento cívico que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos posibles", sostuvo Contreras. En la presente gestión "no podemos ofrecer más que 64 ítems en salud y 100 en educación porque económicamente es imposible", remató el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana. El anuncio del paro coincide con una controversia entre la administración de Morales y la siderúrgica brasileña EBX, que funciona en Santa Cruz con apoyo de las autoridades regionales pero en contra del gobierno central, que señala que su presencia viola la Constitución. EBX anunció el martes su salida de Bolivia, luego de amenazas de expulsión del gobierno, que señala que la empresa no tiene licencia ambiental y está ubicada a menos de 50 km de la frontera (con Brasil), algo prohibido en la carta política boliviana. Sobre ese punto, Quintana señaló que la conminatoria a la empresa siderúrgica brasileña EBX de abandonar sus inversiones en Bolivia "es un asunto cancelado para el gobierno". La empresa EBX "no va más, es una empresa que ha violado la Constitución, ha violado la soberanía nacional y ha transgredido un conjunto de normas", dijo. EBX recibió este jueves el respaldo de importantes organizaciones de empresarios de Santa Cruz con el argumento de que "consideramos ese proyecto de extraordinario valor pues se trata de una inversión industrial no extractiva muy importante, no sólo para la incipiente economía de la región, sino para el país", según un documento entregado a la prensa. El gobierno consideró que EBX instaló sin permiso dos hornos de fundición como parte de una plan de explotación de los yacimientos de hierro del Mutún y amenazó con expulsarla del país si no lo abandona voluntariamente. Mutún, emplazada en la frontera con Brasil, alberga unos 40.000 millones de toneladas de hierro y 10.000 millones de toneladas de magnesio, según cálculos oficiales. Fuente: AFP-NA