La primera testigo, María Martín López, de 81 años, relató ante los jueces su historia: “Mataron a mi madre en 1936 por no tener mil pesetas. La echaron a la calle, se la llevaron a declarar, y en el camino la mataron. Eran 27 hombres y 3 mujeres”.
La mujer, representante de la Asociación Nuestra Memoria, de víctimas en la Sierra de Gredos, explicó que entonces ella tenía 6 años y dos meses y que su padre buscó a su madre sin descanso.
María dijo que sabía dónde habían enterrado a su madre después de ser fusilada, pero que ninguna autoridad la ayudó a recuperarla.
Le escribió cartas al rey Juan Carlos, al juez del Supremo Luciano Varela, al ex presidente del Congreso de los Diputados José Bono, entre otros, según el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda.
La segunda en testificar fue María del Pino Sosa Sosa, de 75 años y presidenta de la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas, Canarias, y quien presentó una denuncia a la Audiencia Nacional con una lista de más de 500 desaparecidos víctimas del franquismo.
"Se llevaron de casa a mi padre”, explicó María del Pino, e indicó que al hombre “lo apalearon, lo tuvieron preso y luego lo dejaron en libertad”.
Sin embargo, nueve días después un grupo de falangistas volvió por él y “nunca más supimos nada”, dijo la testigo, cuya madre entonces estaba embarazada de ella.
“Cuando se llevaron a mi padre se llevaron el pan y la sal, mi madre estaba enferma, lo buscaba y nunca lo encontró”, agregó.
María del Pino remarcó que a su padre “se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba mi madre”, por eso “nunca aceptó” el certificado de defunción de su marido.
La mujer contó al Supremo que primero denunció el caso en su pueblo, Arucas, antes de acudir a la Audiencia Nacional en busca de “justicia”, y reconoció que denunciaron crímenes de lesa humanidad que no están prescriptos.
Tras este testimonio, el tribunal hizo un receso y retomará sus sesiones para escuchar al tercer testigo de la defensa, Angel Rodríguez Gallardo, de la Asociación por la Memoria Histórica de Ponteareas, Pontevedra.
Las víctimas del franquismo testifican ante el Supremo en calidad de testigos de la defensa del juez Garzón, quien afronta un pedido de pena de 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricato, es decir dictar a sabiendas una resolución injusta, por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo y haber ordenado la exhumación de fosas comunes.
Lo denunciaron las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y Libertad e Identidad, dos grupos que responden a personas que buscan garantizar la impunidad y los intereses políticos, sociales y económicos de los herederos del franquismo, según las víctimas de la guerra civil y la dictadura.
El juicio contra Garzón por este caso se reanudó ayer después de que el tribunal rechazara la solicitud de la defensa y la fiscalía de que el proceso sea archivado por falta de garantías, tanto porque las acusaciones no cumplían con los mínimos legales como por la parcialidad del juez instructor, que ayudó a corregir sus denuncias.
Pero si bien el tribunal reconoció que hubo “excesos” por parte del instructor, decidió continuar con el proceso y avalar así la denuncia de los grupos ultraderechistas, incluso contra la “doctrina Botín”, que establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa si la Fiscalía no presenta acusación alguna.