En un comunicado, las FARC expresaron que algunos militares les alertaron de las intenciones del gobierno de procurar a toda costa un rescate militar y lamentaron que el Ejecutivo prefiera entregar a los rehenes "en un catafalco a sus familiares".
El anuncio fue rechazado de inmediato por Santos y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien calificó la decisión como una "manipulación" de parte de la insurgencia, y puntualizó que las FARC nunca comunicaron las coordenadas para que se realizara la desmilitarización de la zona.
En un comunicado, la guerrilla advirtió que "el área que habíamos escogido para la liberación de los prisioneros de guerra Luis Alfonso Beltrán, César Augusto Lasso, Carlos José Duarte, Jorge Trujillo, Jorge Humberto Romero y José Libardo Forero, todos integrantes de las Fuerzas Armadas estatales, capturados en combate, ha sido militarizada injustificadamente por el Gobierno de Colombia", lo que "impone aplazar su concreción".
"Los queremos liberar vivos, pero parece que el gobierno prefiere entregarlos en catafalcos a sus familiares", subraya el texto, recogido por la agencia Prensa Latina y medios colombianos.
El texto, de cinco párrafos, está dirigido a un grupo de mujeres del mundo que trabaja por la paz en Colombia, a las que iban a ser entregados los rehenes.
En ese grupo están la colombiana Piedad Córdoba, la guatemalteca Rigoberta Menchú, la chilena Isabel Allende, la uruguaya Lucía Topolanski, la estadounidense Jody Williamns, la argentina Mirta Baravalle y la mexicana Elena Poniatowska, entre otras.
Con todo, las FARC ratificaron que la decisión de entregar a los prisioneros, "decisión surgida de la soberanía política de las FARC y de un profundo sentimiento de humanidad, que se mantiene en pie", aunque no puso fecha.
"Tan pronto amaine la insanía que se ha apoderado del Palacio de Nariño (sede del Ejecutivo), haremos un nuevo intento para que ustedes puedan recibir a los que serán liberados", puntualizaron.
Santos pidió en su cuenta de Twitter "no más trucos ni engaños" y después explicó que las FARC "no han entregado coordenadas", por eso "ni siquiera sabemos dónde están los secuestrados".
Más duro fue Pinzón, elegido por el gobierno de Santos como el único interlocutor válido para el proceso de liberaciones, quien evaluó que "no hay justificación alguna" para el aplazamiento, porque "no hay coordenadas ni ubicación".