Una misión del gobierno de Morales no había conseguido aún el despeje de una vía secundaria -que une tres departamentos del centro, sudeste y este del país- tomada desde el lunes por labriegos de Yungas de Mandiola, una remota comarca cerca de donde, a mediados de septiembre, perecieron dos cocaleros en choques con la fuerza antidrogas. Los cocaleros de Yungas de Mandiola demandan reconocimiento estatal para sus sembríos, que el gobierno considera al margen de las zonas tradicionales de cultivo. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, intentó pactar una tregua la noche del lunes con los dirigentes de Yungas de Mandiola, vecina de la central reserva ecológica Parque Carrasco, que fue rechazada por las bases, razón por la cual continuaba este martes por segundo día consecutivo el corte de rutas. De hecho el bloqueo de la vía se había extendido a la altura de las localidades de Montipuco y Epizana, a unos 500 km al este de La Paz, de acuerdo con reportes de la televisión local. "Tuvimos una reunión tratando de hacer comprender a la gente (los alcances de la tregua pactada con Quintana), pero es muy difícil, la gente está muy sulfúrica de los engaños de parte del Gobierno", afirmó un dirigente de los cocaleros inconformes, Juan Carlos Chinchilla. Los cocaleros de esta zona exigen un trato similar al otorgado a las seis federaciones cocaleras del Chapare, que reúnen a 30.000 familias lideradas aún por Morales. Los cultivadores de Yungas de Vandiola rechazan la iniciativa oficial de limitar la producción de coca a un cato (terreno de 1.600 m2) por familia y reivindican el derecho de sembrar al menos tres catos, además de la construcción de caminos vecinales, escuelas y centros médicos. "Que el Gobierno se ponga la mano al pecho. Nosotros no hacemos cocas excedentarias, no somos grandes volúmenes de afiliados, apenas alcanzamos a 776" familias de labriegos que exigen cultivar coca en una superficie de 4.800 m2, según el alcalde de Epizana, Emilio Caero. Morales, primer presidente indígena y campesino en la historia de Bolivia y cuyo poder político proviene de las familias del Chapare, se niega a erradicar los cocales que una ley específica promulgada en 1988 considera ilegales y excedentarios en esa zona central del país, pero se opone rotundamente a que se siembre alrededor de parques nacionales y reservas ecoturísticas. El mandatario, que ha llamado a los indígenas del Chapare a defender la coca y apuntala una campaña internacional destinada a sacar la hoja de la lista de productos prohibidos de la Organización Mundial de la Salud, instrumenta una política orientada más bien a la destrucción del narcotráfico en Bolivia. Estados Unidos, principal cooperante de la lucha antidrogas boliviana, mira con escepticismo la política de Morales y ha amenazado incluso con descertificar la política del país andino, lo que significa suspender su cooperación de unos 100 millones de dólares año. Morales mostraba este martes in situ al director de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, Antonio Maria Costa, las condiciones de vida en que se desenvuelve el cocalero común en el Chapare. Fuente: AFP-NA