Uruguay: cientos de denuncias por crímenes cometidos en la dictadura
31/10/2011 |Noventa detenidos durante la última dictadura uruguaya (1973-1985) presentaron el lunes una denuncia por torturas, que se suma a otro reclamo colectivo de ex presas políticas por abusos sexuales y a una jornada de acusaciones masivas en comisarías, pocos días después de que el Parlamento declarara imprescriptibles los delitos del régimen militar.
“Se denuncia básicamente la tortura, los tratos inhumanos, crueles y degradantes a los que fueron sometidos durante todo el periodo de reclusión”, explicó a la AFP el abogado Jorge Pan, integrante de Ielsur.
La nueva demanda se suma a otra presentada en diciembre de 2010 por una docena de ex presos políticos, también por torturas, mientras que el viernes pasado 28 mujeres acusaron a un centenar de militares -entre los cuales, por primera vez, hay soldados mujeres- médicos y enfermeros, en la primera acción legal por abusos sexuales en los centros de detención.
Las últimas denuncias ocurrieron poco después de que el Parlamento aprobara, el pasado jueves, un proyecto de ley que declara que los delitos cometidos en la dictadura son crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben.
Hasta ahora todos los condenados por delitos vinculados al régimen de facto -poco más de una decena, entre los cuales están los ex dictadores Gregorio Álvarez y el fallecido Juan María Bordaberry- lo han sido por homicidio especialmente agravado.
Este delito, según juristas, prescribe el 1 de noviembre para los crímenes de ese periodo, de ahí la urgencia con la que fue tratado el proyecto en el Parlamento.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha rechazado hasta el momento considerar las desapariciones en la dictadura crímenes de lesa humanidad, como piden los denunciantes, alegando que el país incorporó ese delito en 2006 y, por lo tanto, no puede aplicarse con retroactividad.
Ielsur, en cambio, sostiene que tiene “fundamentos jurídicos” para establecer que los delitos de desaparición forzada y de tortura están plasmados en la legislación desde la posguerra e incluidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Oolíticos ratificado por Uruguay en 1969, explicó Pan.
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