Según los organizadores, unos 130 mil funcionarios y empleados del sector privado salieron a las calles de Lisboa, y más de 50 mil en Oporto (norte) siguiendo la convocatoria de la CGTP, la principal confederación sindical.
La policía portuguesa tiene por norma no comunicar sus estimaciones, pero según la prensa local, las cifras estaban infladas.
“Es hora de cambiar de dirección”, dijo Manuel Carvalho da Silva, secretario general de la CGTP, en un discurso pronunciado al final de la marcha en Lisboa.
“La democracia se está viendo ahora mismo fuertemente afectada (...) Hace falta un proyecto político alternativo”, aseveró. Carvalho da Silva anunció además una “semana de acción” para continuar la lucha contra “el empobrecimiento y las injusticias”. Varias huelgas están previstas del 20 al 27 de octubre.
“El programa del gobierno es un ataque frontal contra los derechos de los asalariados”, explicó a la AFP Rafael Louro, un funcionario del ministerio de Finanzas, recordando el proyecto de reducir el subsidio de desempleo de 30 a 20 días de salario por año trabajado.
Después de Grecia e Irlanda, Portugal fue el tercer país de la Eurozona en acordar con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) un plan de rescate, a cambio de aplicar un riguroso programa de austeridad con el que reducir su déficit público y relanzar la competitividad económica.
Para alcanzar esos objetivos, el gobierno conservador de Pedro Passos Coelho, ganador de las elecciones del pasado junio, ha puesto en marcha una serie de medidas: una tasa extraordinaria sobre los ingresos, varias subidas de impuestos, una reducción de las prestaciones sociales, privatizaciones, y el mantenimiento de la congelación de los salarios y de las contrataciones de funcionarios.