Valdemar Oliveira Barbosa fue asesinado en horas de la mañana del jueves cuando fue interceptado por dos individuos en una moto, que le dispararon en un barrio de la ciudad de Marabá, la segunda en importancia en Pará, donde residía desde hacía algunos meses.
En un comunicado, la CPT sostuvo que el crimen tiene “fuertes indicios de haber respondido a una motivación agraria, o sea, a la disputa por la tierra”.
Barbosa era miembro del Sindicato de Trabajadores Rurales de Marabá y “hace más de un año pasó a coordinar un grupo de familias que ocuparon la Hacienda California” en una ciudad vecina a Maraba, y que fueron desalojados por la Policía Militar.
El dirigente “amenazaba con volver a ocupar la hacienda” y fue asesinado, según la CPT, por pistoleros contratados por el propietario de la California.
“El asesinato de Piauí (apodo de Barbosa) puede tener relación con su iniciativa de reocupación de la hacienda”, señaló el texto.
José Batista, abogado de la CPT, aclaró que la víctima “no tenía historia de amenazas de muerte”.
“Pero la situación aquí es de fuego cruzado, no hay paz”, lamentó en declaraciones a la prensa. En Brasil, un país de tamaño continental, el 1% de la población controla el 46% de las tierras aptas para cultivos. Entre mayo y junio, seis campesinos murieron de forma violenta en la Amazonia brasileña, cuatro de ellos en Pará y dos en Rondonia. En julio, murieron otros dos, uno en Pernambuco (noreste) y otro en Pará, aunque sobre este último aún no se tiene confirmación que su muerte se haya debido a enfrentamientos por tierras.
La más reciente ola de asesinatos comenzó el 24 de mayo con los ecologistas Maria y José Claudio Ribeiro en la población de Nova Ipixuna, donde estaban enfrentados a hacendados y madereros ilegales. La CPT -que presentó en 2010 una lista de 125 nombres de personas amenazadas de muerte, 30 de ellas en Pará- criticó una vez más la actuación de la policía, que hasta ahora no ha dado con los responsables de los crímenes.
“Después de tres meses, sólo fueron investigados, y parcialmente, los asesinatos de los extrativistas de Nova Ipixuna”, y por “los seis homicidios ocurridos nadie ha ido a prisión hasta el momento”.
“El comportamiento de la Policía Civil de Pará ha sido el de investigar a las víctimas y no a los responsables de las muertes cuando se trata de crímenes en el campo”, zanjó el comunicado. Hace poco menos de un mes, las autoridades confirmaron que el hacendado José Rodriguez de Nova Ipixuna habría ordenado el asesinato del matriminio de ecologistas. Sin embargo, él y los otros dos autores materiales, también identificados, huyeron de la región.
Días después de ese crimen, familiares de la pareja indicaron a la AFP en la zona que sospechaban del hacendado. Otros “marcados para morir” fueron desalojados por la militarizada Fuerza Nacional. La Comisión Pastoral de la Tierra, que por décadas ha seguido los conflictos rurales en Brasil, calcula que en los últimso 40 años unas 800 personas fueron asesinadas por conflictos agrarios únicamente en el Estado de Pará.