Tras más de 14 horas de debate parlamentario el Frente Amplio (FA) no logró los 50 votos necesarios para aprobar la iniciativa -a la que se oponía el propio presidente José Mujica- y la votación se saldó con un empate 49 a 49.
Pese a las presiones de su partido, el diputado oficialista Víctor Semproni defendió su postura en contra del proyecto y se retiró de la sala antes de votar, dejando al FA sin la ajustada mayoría que tiene en la Cámara baja.
Semproni había anunciado su posición contraria a la anulación de la denominada Ley de Caducidad luego de que el presidente Mujica rechazara el proyecto advirtiendo que se “le está pasando por arriba a dos plebiscitos” y que si se aprobaba la anulación el partido iba a sufrir “costos importantes”.
Mujica, al igual que la oposición, defendió que la anulación desconocía la voluntad de la ciudadanía, que fue consultada en 1989 y 2009 sobre la derogación de la Ley, en plebiscitos que no alcanzaron los votos necesarios para anularla.
En los últimos días, además, el mandatario llamó a la unidad afirmando: “No podemos trasladarle a las nuevas generaciones de militares las frustraciones de las nuestras”.
Mientras analistas advertían que el duro debate interno y el fracaso del proyecto debilitan al gobierno, en el FA se admitía que representa “un trago amargo”.
Ahora hay que “visualizar qué es lo que debemos y podemos hacer y tratar de sobrepasar esta jornada que obviamente nos generó un trago amargo”, dijo a radio El Espectador el diputado oficialista Aníbal Pereyra.
El debate en torno a la anulación de la Ley de Caducidad ya le costó a la coalición de izquierda la renuncia de un senador y el voto en contra de otro, a lo que se suma la rebeldía del diputado Semproni.
Líderes de la oposición consideraron que con esta votación se cerró el debate sobre el tema, pero desde el oficialismo, el movimiento sindical y organismos defensores de los derechos humanos se ratificó que se buscarán otros mecanismos para lograr la hasta ahora fallida anulación.
Ignacio Errandonea, integrante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos durante la dictadura, admitió que hay “una cierta decepción” tras la votación parlamentaria pero estimó que “los caminos están abiertos para buscar los consensos necesarios para borrar la Ley de Caducidad”.
“Nosotros no apuntamos a una u otra solución jurídica, decimos que es un tema de voluntad política de los diferentes poderes del Estado encontrar una solución al tema de la verdad, que tiene que ser encarado con una investigación seria y responsable del Poder Ejecutivo”, dijo a la AFP.
“Con ley o sin ley se puede investigar y no se ha hecho”, indicó Errandonea, reclamando la apertura de los archivos militares.
Los familiares marcharán en la noche de este viernes en la denominada “Marcha del Silencio”, una manifestación convocada todos los 20 de mayo desde 1996 por la organización en reclamo de “verdad y justicia”.