La huelga salvaje iniciada el viernes por la noche bloqueó a unos 300.000 pasajeros en los aeropuertos, justo cuando miles de españoles se disponían a irse de vacaciones aprovechando los cinco días festivos del puente de la Constitución, el más largo del año.
Frente a esta espectacular iniciativa, que paralizó el cielo español durante 24 horas, el gobierno socialista decidió decretar el "estado de alarma", una medida reservada a situaciones excepcionales, hasta ahora nunca utilizada en los 35 años de democracia, tras la muerte del general Franco (1975).
En realidad, los controladores serán sometidos durante 15 días a la autoridad del ejército y se abrirá una investigación judicial.
"Vamos a aplicar la ley con firmeza y con determinación", advirtió el sábado el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Este bloqueo "no va a volver a pasar, ni durante las Navidades ni después", aseguró Rubalcaba, en referencia a una posible huelga de pilotos anunciada para finales de año.
Después de decretar el "estado de alarma", los controladores volvieron rápidamente a sus puestos de trabajo. El tráfico aéreo se reanudó progresivamente.
El domingo por la mañana, miles de pasajeros esperaban en los vestíbulos de embarque, como en el aeropuerto de Madrid-Barajas, aliviados por el final de conflicto pero furiosos con los métodos de los controladores.
Miriam Mellado, de 54 años, tuvo que renunciar a su viaje a Roma y esperaba, junto a otras 30 personas, en los mostradores de Iberia para reclamar el reembolso del billete.
"Ya no nos interesa, porque teníamos que volver el martes, no tiene sentido. Todo esto por culpa de gente que gana mucho dinero y no hace nada", se quejaba.
El conflicto que estalló este fin de semana se incubaba desde hacía meses. El gobierno español intentaba limitar las ventajas salariales que tiene los 2.300 controladores aéreos españoles.
En la opinión pública española, las reivindicaciones de una profesión cuyo salario medio alcanza los 200.000 euros por año están muy mal vistas. El desempleo del país ronda un 20% de la población activa.
Para el diario El Mundo (centro-derecha) es "obsceno" que los controladores "privilegiados ejerzan este chantaje contra el Estado" y por ello deben ser "castigados".
Esta situación podría resultar beneficiosa para el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hundido por las consecuencias de la crisis y con unos índices de popularidad muy bajos.
El gobierno "va a adoptar duras medidas contra los controladores. Sabe que son una exigencia de la calle, indignada por los enormes perjuicios que ha causado su huelga salvaje", publicaba el domingo El País (centro-izquierda).
"Zapatero, acosado por la crisis financiera, fue sorprendido por la huelga salvaje. La reacción del presidente fue fulminante: mano de hierro cueste lo que cueste", resumía el periódico.
En el vestíbulo del aeropuerto, muchos afectados se quejaban del abismo entre los miles de españoles privados de sus vacaciones y esta profesión cuyos privilegios fueron considerados como "intolerables" por el gobierno.