El país, que por orden del gobierno cumplía tres días de duelo, está bajo el estado de excepción que faculta a los militares a patrullar las calles, mientras se aguarda una reunión de cancilleres de la Unasur, en Quito.
“Hay calma en el país y calma en los cuarteles de Policía”, declaró a la prensa el ministro de Interior, Gustavo Jalkh, y agregó que la institución retomó sus actividades.
“Eso es lo que tiene que hacer, y con ese trabajo reconciliarse con la sociedad y el país al cual se debe”, dijo el funcionario después de la insubordinación, en la cual participaron unos 600 policías -según el gobierno- y 2.300 de acuerdo con una fuente cercana a la protesta.
El viceministro de Interior, Edwin Jarrín, manifestó a la AFP que “no hubo una rebelión de la Policía. Fue una sublevación de unos pocos” y apuntó que no hay detenidos a causa de la protesta, que se inició en Quito y se extendió a cuarteles de cinco de las 24 provincias del país.
Durante la jornada, que revivió el fantasma de la inestabilidad política, hubo cuatro muertos: dos militares, un policía y un estudiante de 24 años, según el más reciente balance oficial.
Desde la mañana, Correa cumplía actividades en su despacho luego del operativo de soldados para ser liberado en medio de un fuerte cruce de balas con policías insubordinados por una ley que aseguran limitará sus ingresos.
El mandatario socialista, quien laboraba en la casa de gobierno acordonada por soldados con fusiles, tildó de “intento de golpe de Estado” al desorden, por el cual el comandante de la Policía, general Freddy Martínez, renunció.
El jueves Correa, en el poder desde enero de 2007, recibió el respaldo de la comunidad internacional, incluyendo a la ONU y la OEA, además de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y gobiernos latinoamericanos.
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) condenó la sublevación en una cumbre convocada de urgencia en Buenos Aires, expresando “la necesidad de que los responsables de la asonada golpista sean juzgados y condenados”.
El mandatario socialista enfrentó la mayor crisis política en casi cuatro años de gobierno, a raíz del descontento de policías con una ley que -aseguran- les recorta los beneficios económicos.
Además de la reunión de cancilleres del bloque sudamericano en Quito, se espera la llegada del secretario de la OEA, José Miguel Insulza.
Los enfrentamientos a bala derivaron en críticas al Ejecutivo y a los insubordinados entre la población.
“La situación fue grave y Correa tiene la culpa, pero la Policía hizo mal en dejar de patrullar y permitir que todo el mundo haga de las suyas”, dijo a la AFP William Chichande, un vendedor de almacén que hizo alusión a algunos desmanes civiles.
“Los policías van a perder todo con la ley y el gobierno pudo haber evitado que se derrame sangre. No estamos en una dictadura”, manifestó por su parte el cartero Luis Fernández.
El presidente peruano, Alan García, expresó el viernes que su homólogo ecuatoriano “ha quedado vacunado” contra los golpes de Estado y enfatizó que “la democracia y el gobierno elegido por el pueblo han salido incólumes y fortalecidos en Ecuador”.
Entretanto, el presidente de la UE, el belga Herman Van Rompuy, expresó que le “tranquiliza ver que se ha restablecido la calma y el orden institucional en Ecuador”.
Correa anunció que destituirá a los policías que se rebelaron y que no derogará la ley, la cual fue aprobada el pasado miércoles por el Legislativo de mayoría oficialista.
Responsabilizó del intento de golpe de Estado a la oposición y sectores de la fuerza pública afines al ex mandatario Lucio Gutiérrez, derrocado en abril de 2005 y que rechazó la acusación.
Colombia y Perú reabrieron el viernes sus fronteras con Ecuador, que fueron cerradas ante la sublevación. En el caso colombiano, la medida respondió a “un rechazo a una situación que no puede pasar ni en Ecuador, ni en cualquier país”, apuntó la canciller María Ángela Holguín.