“Al Comité le preocupa que no hay reconocimiento legal de los pueblos indígenas y sus derechos en la Constitución (...) y que los miembros de las comunidades de los pueblos indígenas no pueden disfrutar de la igualdad de acceso a la función pública”, manifestaron por unanimidad los 18 expertos de este Comité, encargados de vigilar el cumplimiento de la Convención internacional en la materia.
Ante las promesas formuladas por la delegación del nuevo gobierno de El Salvador, que preside Mauricio Funes, el Comité subrayó que ha llegado la hora del “reconocimiento legal de los pueblos indígenas en el derecho interno”, y que se asegure que puedan participar “en el gobierno y la gestión de asuntos públicos a todos los niveles”.
Según cifras manejadas por este Comité, a las que tuvo acceso la AFP, de los 6 millones de salvadoreños, un 12 por ciento son indígenas. Entre éstos, un 61 por ciento sufre pobreza y el 38 por ciento padece extrema pobreza. Además el 76 por ciento de los indígenas no son propietarios de tierras.
Al mismo tiempo el Comité instó a El Salvador a ratificar urgentemente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reglamenta los derechos de las poblaciones indígenas en torno a la propiedad sobre sus tierras ancestrales y fija criterios para las concesiones mineras en esos terrenos.
Por otra parte el Comité expresó su preocupación por la vigencia desde 1993 de la Ley de Amnistía, relativa a las violaciones de los derechos humanos durante el periodo de la guerra civil, entre 1980 y 1992, causante de 75.000 muertos y ocho mil desaparecidos.
El Comité exigió la revocación de esa norma, e instó al gobierno salvadoreño a adoptar “un programa de reparación y, cuando sea posible”, se compense a las víctimas “creando así un clima de confianza que permita a los pueblos indígenas expresar su identidad sin temor”.