Luego de que la Contraloría también detectara "indicios" de responsabilidad en la conducta de Alvarado, que intentó poner en marcha un contrato de canje de crudo por diésel que tenía irregularidades, el mandatario dijo que se tomará el fin de semana para analizar la situación. De haberse consumado, el trueque habría provocado pérdidas por 38 millones de dólares al erario público, según la Superintendencia del sector, que frenó la iniciativa de Alvarado. Una fuente del Palacio de Quemado (presidencial), que pidió el anonimato, confió a la AFP que el imputado será removido durante el fin de semana. Una auditoría del ministerio de Hidrocarburos, cabeza de sector y que tiene a YPFB bajo su jurisdicción, encontró en la actuación de Alvarado "indicios de responsabilidad administrativa" a principios de semana. A esto se sumó la Controlaría que además halló en los papeles un intento de Alvarado para sellar la operación con la empresa brasileña Iberoamérica. La Contraloría reveló que el contrato con la firma brasileña consignaba una cláusula que garantizaba "que toda información y/o datos intercambiados entre ellas, durante la vigencia de este contrato y de manera posterior a la fecha de su terminación, será considerada como confidencial". Una comisión senatorial integrada por miembros de la oposición también se ha propuesto investigar a este ingeniero geólogo que se unió a fines de los 90 a Morales cuando éste lideraba un movimiento de resistencia a la erradicación de sembradíos de los cocaleros bolivianos. Sin proponérselo, Alvarado se ha convertido en el caballo de Troya que alimenta los ataques de la oposición contra el mandatario izquierdista. La oposición derechista, que este semana golpeó duramente a la administración Morales al lograr la censura de Andrés Soliz -ministro estrella del proceso de nacionalización del gas y el petróleo- pidió a Morales "hidalguía" para destituir a Alvarado. "Esperamos del Ejecutivo hidalguía y sinceridad para tomar decisiones inmediatas que hagan ver a los bolivianos que el proceso de nacionalización tiene un curso normal, transparente y de beneficio a corto plazo para los bolivianos", desafió Roger Pinto, senador de Podemos, la primera fuerza de oposición del ex presidente conservador Jorge Quiroga. "El presidente de la república está cometiendo un error hace 30 días sosteniendo al presidente de Yacimientos (YPFB), ¿por qué (Morales) no es capaz de dar un paso atrás y reconocer que la corrupción existe en el partido oficialista?", cuestionó la diputada Sandra Yañez de Podemos, que junto a congresistas de otras dos fuerzas de la derecha opositora impugnó el decreto nacionalizador de Morales. Yañez anunció que este viernes retirará el recurso radicado ante el Tribunal Constitucional, después de que el gobernante denunciara que la acción fue preparada tras bambalinas por abogados de las petroleras asentadas en el país hace una década y que resisten la política de Morales. Según estimaciones oficiales, con la nacionalización, Morales revirtió en favor del Estado un patrimonio de 200.000 a 300.000 millones de dólares, que es el monto en que el gobierno evalúa las reservas bolivianas de 1,55 billones de m3 de gas y unos 900 millones de barriles de crudo. Fuente: AFP-NA