WASHINGTON- Más allá de Guantánamo, es el conjunto de la estrategia frente al terrorismo que asumió la administración de Bush la que se encuentra en el ojo de la tormenta que sacude a Estados Unidos desde los ataques a Washington y Nueva York en 2001. La decisión tomada el jueves por los integrantes de la Corte Suprema marcó "el fin del estado de urgencia que dominó (en Estados Unidos) durante cerca de cinco años", señaló el analista David Ignatius en el diario The Washington Post. "Luego del 11 de setiembre, el vicepresidente (Dick) Cheney y su consejero jurídico David Addington reclamaron el poder ilimitado para el (Poder) Ejecutivo. Intimidaron o ignoraron las críticas en el seno de la Casa Blanca y crearon un sistema secreto fuera del control de las otras dos ramas del poder", Legislativo y Judicial, agregó. La decisión muestra que "incluso el presidente debe someterse al Derecho", consideró Jonathan Turley, profesor de Derecho en la Universidad George Washington, en Washington. Por su parte, The New York Times publicó que este fallo es una importante "reafirmación de que, incluso en tiempos de guerra, la ley sigue basándose en la Constitución, la jurisprudencia y las Convenciones de Ginebra, y no sobre los deseos del presidente". La Casa Blanca "no puede continuar con esta increíble insistencia (de no seguir los procedimientos legales) porque se encuentra batallando una guerra contra el terrorismo", continúa el periódico. Pero los legisladores republicanos respondieron a estas interpretaciones. "No se trata de un revés mayor" como es descrito por los periódicos, afirmó el viernes el senador John Cornyn en la cadena de televisión Fox News. "Todo lo que debemos hacer es votar una ley en la que adoptemos estos tribunales militares", propuso como una solución. En 2004, la Corte Suprema ya había limitado los poderes que se había otorgado Bush luego de los atentados terroristas. En el caso "Hamdi versus Rumsfeld" redujo la capacidad de la administración estadounidense para detener indefinidamente a sus prisioneros sin llevar a cabo un procedimiento legal. De todos modos, no es esta la primera vez en la historia estadounidense reciente que el Poder Ejecutivo sufre un revés. En 1973, el Congreso votó una ley sobre los poderes de guerra en respuesta a la forma en que los presidentes Lyndon Johnson y Richard Nixon llevaron adelante la guerra en Vietnam sin su aprobación. La ley da 90 días al presidente para obtener el consentimiento del Congreso. Luego del 11 de septiembre de 2001, fue David Addington quien "jugó un papel central en la elaboración de la estrategia jurídica de la administración que involucra a la guerra contra el terrorismo", según publicó la revista estadounidense The New Yorker en su última edición. Esta estrategia considera que el presidente, en tanto Comandante en jefe, tiene el poder de sobrepasar las reglas que enmarcan el ejercicio del poder -ya sea la prohibición de la tortura, los encarcelamientos secretos o las escuchas extrajudiciales-, siempre y cuando esté en juego la seguridad nacional. Fuente: AFP-NA