Los 13 brasileños acusados por una jueza de Roma por la desaparición de 25 italianos en la llamada "Operación Cóndor" no pueden ser extraditados ni procesados en Brasil ya que los crímenes que se les imputan prescribieron, opinaron este viernes magistrados del máximo tribunal. El juez Marco Aurelio de Mello, uno de los integrantes del Supremo Tribunal Federal (STF), dijo este viernes a la prensa local que estas personas "no pueden ser extraditadas porque son brasileñas". "Tampoco pueden ser juzgadas en el país porque los crímenes están prescriptos", afirmó. El lunes último, la jueza italiana Luisanna Figliola ordenó la detención de 13 brasileños por su participación directa o indirecta en los secuestros de dos ítalo-argentinos en 1980, cometidos en el marco del Plan Cóndor. La posibilidad de procesar a estos acusados en Brasil fue defendida en las últimas horas por el ministro de Justicia, Tarso Genro, y por el asesor de la Presidencia para Asuntos Internacional, Marco Aurelio García, pero De Mello descartó de plano ese escenario. "Es muy difícil que el Procurador (Fiscal) General de la República acepte un pedido del Gobierno para abrir una investigación por crímenes prescriptos", explicó. El juez del Supremo fue, incluso, más allá y alertó sobre la posibilidad de que "la denuncia se transforme en inocua y dé esperanzas en vano a la sociedad". No obstante, el fiscal italiano Giancarlo Capaldo dijo al diario Folha de Sao Paulo que su espera "contar con la colaboración de las autoridades brasileñas para que los acusados sean juzgados en Italia". Capaldo, que desde hace casi una década investiga el Plan Cóndor, declaró que si no es posible la extradición de los sospechosos, prohibida por la Constitución, espera que al menos se los juzgue en Brasil. Las chispas de esta polémica ya alcanzaron para provocar un roce entre el Gobierno de Luis Inácio Lula da Silva y la máxima instancia del Poder Judicial de su país, pero amenazan con dañar las propias paredes del Planalto. El ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, dijo este viernes que Italia no debe "interferir" en los asuntos internos de su país y criticó el pedido de extradición de la justicia peninsular. Jobim mostró además su desacuerdo con las declaraciones de Genro, quien declaró que si bien los 13 sospechosos no serán extraditados el gobierno puede promoverles procesos por los delitos cometidos en 1980, que no están alcanzados en la ley de Amnistía de 1979. Según Jobim, que fue ministro del Supremo Tribunal Federal, el Poder Ejecutivo no puede impulsar una acción contra los acusados, algo que sólo es competencia del Poder Judicial, interpretó. Por otra parte, dos miembros del Tribunal, máxima instancia judicial, consideraron que no hay ninguna posibilidad de que los acusados sean condenados, destacó el sitio Folha on Line. Marco Aurelio de Mello y Carlos Ayres Britto dijeron que el delito de "terrorismo" que se les imputa a los sospechosos fue consagrado en la Constitución de 1988, es decir ocho años después de los secuestros, en Brasil, y desapariciones, en Argentina, de dos ciudadanos de este país. Los brasileños incluidos en el proceso de la justicia italiana fueron oficiales del Ejército y de la Policía durante la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985. Los acusados habrían participado en la desaparición, entre marzo y junio de 1980, de los activistas argentinos Horacio Domingo Campiglia y Lorenzo Ismael Viña, ambos con ciudadanía italiana y secuestrados en los estados de Río de Janeiro y Río Grande do Sul. Según las investigaciones, tras ser raptados, ellos fueron entregados en forma clandestina al gobierno militar argentino, responsable de su asesinato.