Fujimori, de 69 años, se sentó en el banquillo de los acusados ante un tribunal especial de la Corte Suprema presidido por el juez César San Martín, quien tiene en sus manos el dictamen del fiscal supremo José Peláez, que exige se le imponga una condena de treinta años de cárcel por dos matanzas que dejaron 25 muertos y dos casos de secuestro y tortura de opositores. Fujimori lucía de buen semblante, vestido sobriamente con terno oscuro y una corbata dorada. En todo momento estuvo serio y no dirigió palabra. Tras sentarse hizo una ligera venia hacia los miembros del tribunal. Había ingresado a la sala pocos segundos antes de iniciarse el proceso portando un maletín que puso sobre una mesa ubicada frente a él, justo al centro de la habitación de unos 40 m2. Sobre la mesa abrió un cuaderno y durante todo el desarrollo de la audiencia tomó nota de lo que afirmaban su abogado César Nakazaki y los abogados de sus acusadores. En una sala contigua y separada por un ventanal de la sala de juzgamiento se encontraban tres de sus cuatro hijos: la congresista Keiko Sofía, Sachi Marcela y Kenji Gerardo. Junto a ellos un grupo de congresistas fujimoristas. En esa misma sala, en el ala izquierda, se ubicaron los familiares de las víctimas de las matanzas de Los Barrios Altos y La Cantuta, que sirven de base para las acusaciones contra el ex mandatario. Ambos grupos no se miraron ni intercambiaron saludos. Completaban la habitación un grupo de periodistas, representantes de organismos de derechos humanos y observadores internacionales. Durante la audiencia se escuchaban a lo lejos persistentes arengas de partidarios de Fujimori lanzadas por altoparlantes. "Estamos contigo Chino", "el Chino es inocente", rugía una estentórea voz desde un local a unos cien metros del lugar de juzgamiento. Los postes del barrio donde se ubica el cuartel policial donde se habilitó una sala especial para el juicio, lucían banderas naranja, color característico de los fujimoristas. La presencia de Fujimori en Lima fue forzada por un largo proceso de extradición que se inició hace siete años, cuando él estaba en Japón, y que concluyó en Chile cuyo máximo tribunal dispuso en septiembre pasado su repatriación a Perú para responder por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000, es acusado de ser autor intelectual en el asesinato, tortura y lesiones graves por las matanzas en el vecindario limeño de Barrios Altos y en la Universidad La Cantuta, que costaron la vida a un total de 25 personas, en 1991 y 1992, ejecutadas por un comando de la muerte denominado Grupo Colina. Ambos hechos están considerados como los peores crímenes perpetrados por el Estado en el conflicto interno entre 1980 y 2000 contra las agrupaciones armadas Sendero Luminoso (maoísta) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA, guevarista). Para el fiscal Peláez -quien hizo notar en el juicio que hoy es el día de los derechos humanos-, el ex presidente Fujimori "trazó una política de combatir la subversión usando los métodos de guerra clandestina de baja intensidad y eliminación de enemigos" que se tradujo en los sucesos de Barrios Altos y La Cantuta. El juez San Martín junto a los magistrados Hugo Príncipe y Víctor Prado analizarán el dictamen de Peláez e interrogarán a unas cincuentas personas, llamadas por la fiscalía y la defensa de Fujimori, en el juicio que se estima tendrá una duración no menor de un año. En la primera sesión del juicio Fujimori no había sido interrogado, mientras que el tribunal aprobó un pedido de la defensa de las víctimas para obtener del Departamento de Estado de Estados Unidos la documentación desclasificada que posea Washington sobre la actuación de grupos de aniquilamiento del ejército durante su gobierno. Fuente: AFP-NA