La Corte Suprema de Justicia de Chile revocó este miércoles por unanimidad la mayoría de los procesamientos por enriquecimiento ilícito dictados contra la familia y asesores del fallecido dictador Augusto Pinochet. El máximo tribunal ordenó además al juez del caso, Carlos Cerda, que encargue una auditoria externa para determinar el origen de la fortuna del general, que gobernó Chile entre 1973 y 1990, lo que deja abierta la causa. En este sentido, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Alberto Chaigneau, explicó que la resolución no significa que la causa esté "muerta", sino que por el contrario el juez Cerda puede seguir procesando a quienes considere responsables de los ilícitos que investiga. Además, según consigna la agencia de noticias alemana DPA, Chaigneau indicó que la auditoria externa la debe realizar una institución de prestigio nacional. La decisión favoreció a la viuda y a cuatro de los cinco hijos del general que gobernó de facto Chile. Sólo su primogénito, Augusto, sigue encausado, debido a que no apeló. También fueron favorecidos con la medida otros 11 asesores militares y civiles que son investigados por el juez Cerda, en el marco de pesquisas para determinar cómo Pinochet acumuló millones de dólares en cuentas en el extranjero. Según el Consejo de Defensa del Estado, querellante en el caso, la defraudación asciende a unos 27 millones de dólares, provenientes de la apropiación de fondos fiscales y el cobro de comisiones por operaciones de compraventa de armas. La operación fue descubierta a raíz de un informe del Congreso de Estados Unidos, emitido después del 11 de septiembre de 2001, en el que se denunciaban operaciones bancarias de grupos terroristas en la banca estadounidense. La situación particular de Pinochet asomó en ese informe como parte de las pesquisas, centradas en el Banco Riggs. En la operación, y como consta en el expediente, se utilizaron pasaportes falsos y se abrieron cuentas bajo nombres de personas inexistentes en paraísos fiscales y Estados Unidos. El propio Pinochet, que murió en diciembre de 2006 sin ser jamás detenido por estas acusaciones, mantenía cuentas fuera de Chile bajo un total de 27 nombres diferentes, entre ellos Daniel López y John Long. Tampoco fue condenado por las múltiples violaciones a los derechos humanos ocurridas durante su gobierno, que incluyeron torturas, asesinatos y desapariciones, según informes oficiales. La situación fue denunciada en 1999, cuando Pinochet era senador vitalicio, pero los medios locales no se hicieron eco.