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Gobierno pretende echar inmigrantes de las fronteras

06/06/2006 |El gobierno del presidente Evo Morales reafirmó el lunes su decisión de desalojar a ciudadanos brasileños que explotan tierras en una franja de 50 km de frontera, en el norte, nordeste y este de Bolivia.

Dos días después de haber puesto en marcha su "revolución agraria" con la dotación de 2,5 millones de hectáreas de tierras fiscales, pese a la contrariedad de un poderoso empresariado agropecuario, la administración Morales resolvió acometer la obligación constitucional de liberar la franja fronteriza de asentamientos extranjeros, como dispone la Constitución boliviana. Ciudadanos de Brasil y en menor número de Argentina y Rusia se han asentado en esa porción de territorio boliviano, presuntamente asociados a empresarios locales, a quienes el gobierno califica como especuladores o latifundistas. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, aseguró que el gobierno del presidente brasileño Inacio Lula Da Silva está de acuerdo con la política de Morales. "Los representantes del gobierno brasileño han indicado que no van ha defender situaciones de ilegalidad de sus ciudadanos presentes en el territorio fronterizo boliviano con ese país", afirmó Rada. Según el funcionario, Brasilia está de acuerdo con que prevalezca la carta política boliviana y que sus connacionales sean desalojados de posesiones ilegales pero con la salvedad de que sus derechos humanos sean respetados. La administración del presidente Lula pidió tomar "en consideración los derechos de los ciudadanos brasileños que trabajan en suelo boliviano", remarcó Rada. El gobernante socialista entregó el sábado siete decretos y algunos títulos de propiedad a pobladores en una multitudinaria concentración realizada en Santa Cruz, en el este del país, región que concentra el mayor potencial agropecuario y donde están afincados los más prósperos empresarios del sector. Según Morales, los decretos promulgados el fin de semana permitirán redistribuir de manera inmediata 2,5 millones de hectáreas de tierras de propiedad del Estado a los pueblos originarios de los departamentos (provincias) orientales de Santa Cruz, Pando y Beni, medida que fue calificada de "unilateral y política" por los representantes de los empresarios del agro. Fuente: AFP-NA
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