"Se ha concedido la extradición", dijo el presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, Alberto Chaigneau, al anunciar la decisión que devolverá al ex mandatario a su país tras siete años para enfrentar las acusaciones. Chaigneau precisó que la votación fue unánime en el tema de derechos humanos, referido a las matanzas en Lima de la Universidad de La Cantuta y Barrios Altos entre 1991 y 1992, con saldo de 25 muertos, el caso por el cual Fujimori arriesga una condena mayor, de entre 10 y 30 años. La justicia chilena aprobó la extradición -que es inapelable- igualmente por cinco de los diez casos de corrupción planteados por el gobierno peruano. Fujimori, de 69 años, será trasladado en "pocas horas" a Perú, dijo el subdirector de la Policía de Investigaciones chilena, René Castellón, quien indicó que el ex presidente podría ser trasladado a la frontera. En la tarde hubo movimiento en Chicureo, el condominio donde Fujimori ha pasado sus últimos meses en Chile, con la llegada de un helicóptero de la Policía que supuestamente debía trasladar a Fujimori. Pero éste despegó una hora más tarde sin él a bordo. Más temprano Fujimori -quien estaba acompañado por su hija menor, Sachi Marcela- dijo que "tengo las maletas listas desde hace unas semanas" y presentó el fallo como una especie de triunfo personal, pues consideró que la justicia chilena acotó los cargos contra él a sólo siete casos. "Todas las demás acusaciones quedan ya sin efecto; voy con un escudo legal", explicó el mandatario, cuya residencia en las afueras de Santiago está asediada por la prensa que ha esperado por horas para el momento en que salga, sea en automóvil o en helicóptero. En Lima, entretanto, la fiscal de la Nación Adelaida Bolívar, dijo que en Perú el proceso contra el ex mandatario -que renunció a la presidencia vía fax desde Japón- se iniciará con un juicio oral apenas éste sea confinado a un centro de detención. Según el procurador anticorrupción Carlos Briceño "el juicio sería rápido y estimamos que podría durar entre tres a cuatro meses". Los tiempos en este juicio son capitales, pues Fujimori cumple 70 años en julio próximo, y según la ley peruana si en ese momento no ha recibido condena no podrá ser encarcelado y tendrá régimen domiciliario. El canciller peruano, José Antonio García Belaunde, subrayó que "las cosas salieron como habíamos planeado en el sentido de que la justicia chilena iba a hacer su trabajo con responsabilidad, seriedad e independencia". Mientras tanto el primer ministro peruano, Jorge del Castillo, dijo que el gobierno definirá en las próximas horas el lugar de reclusión de Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000. Tras el fallo en Santiago las reacciones fueron de alegría por parte de los familiares de víctimas durante su gobierno. Gisella Ortiz, que lidera el movimiento contra el ex presidente, dijo a la AFP que "recién se empieza a hacer justicia y se empieza a entender la gravedad de los crímenes que se cometieron en la dictadura de Alberto Fujimori". "Esto no es venganza, es justicia", subrayó. Por su parte la congresista Keiko Fujimori, hija mayor del ex presidente, convocó a los partidarios a movilizarse y acudir al aeropuerto de Lima "para darle la bienvenida". "Hago un llamado a los fujimoristas, para movilizarnos por nuestro aval y nuestro escudo; estaremos atentos para ir a recibirlo como él se merece, más unidos que nunca y vamos a demostrar que es inocente de los cargos de que se le acusa", dijo Keiko Fujimori en rueda de prensa. El legislador peruano Carlos Raffo, vocero de Fujimori en Lima, señaló que "tenemos un nuevo reto: defender los derechos fundamentales de Alberto Fujimori y con el pueblo fujimorista garantizar que no haya un circo con su caso", señaló. La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) declaró que la decisión de la justicia chilena "es celebrada y no tiene precedentes". En Londres, Amnistía Internacional se congratuló por la decisión que es "un paso importante" para obtener justicia para millares de sus víctimas. Fuente: AFP-NA