El Supremo Tribunal Federal (STF) terminaba el martes los cinco días de deliberaciones en los que analizó el masivo escándalo de corrupción que llegó a amenazar el gobierno Lula en 2005, y decidió que 37 de los 40 denunciados por la Procuraduría ameritan ser juzgados. Otros dos denunciados podían ser declarados reos en las próximas horas. Entre los inculpados hay tres ex ministros, la que fue la cúpula del gobernante Partido los Trabajadores (PT, izquierda), aliados, diputados en ejercicio, publicistas y hasta banqueros. La nota fuerte de las deliberaciones -conducidas por el juez relator Joaquim Barbosa con estructura digna de novela de suspenso- fue la decisión de enjuiciar al que fue el hombre más poderoso del gobierno Lula, el ex ministro Dirceu, acusado por la Procuraduría de ser el jefe de la operación. Dirceu responderá a las acusaciones de "corrupción activa" y "formación de banda". Por su responsabilidad en el escándalo, el Congreso ya lo despojó el año pasado de su cargo de diputado. También responderán por corrupción activa y formación de banda el ex presidente del PT, José Genoino; y el ex tesorero del PT Delubio Soares. Entre los inculpados hay 12 ex líderes de cuatro partidos aliados al gobierno, acusados de recibir los millonarios pagos a través de dos bancos. Según las denuncias el dinero garantizaba apoyo a las iniciativas del gobierno en el Parlamento y además financiaba sus campañas electorales. "La decisión del STF de aceptar la denuncia contra Dirceu y los ex líderes del PT es una mala noticia para el gobierno, porque se trata del grupo que comandaba el partido y el ejecutivo hasta hace poco tiempo, y porque cuestiona la defensa de que el escándalo era apenas un problema de contabilidad no declarada", opinó el analista político de MCM Consultores Ricardo Ribeiro en declaraciones a la AFP. El ex diputado aliado de Lula Roberto Jefferson, que destapó el escándalo, también responderá a proceso. Fue él quien en junio de 2005 denunció a la prensa que diputados aliados del gobierno recibían sobornos mensuales y comenzó a mencionar kafkianas situaciones de maletas de dinero y saques de cuentas millonarias del publicista Marcos Valerio, también declarado reo. Investigaciones parlamentarias revelaron que políticos y legisladores del PT, de partidos aliados y también algunos de la oposición sacaron 55,8 millones de reales (unos USD 28 millones de hoy) de las cuentas del publicista. El PT reconoció que creó una contabilidad paralela no declarada, pero negó los cargos de soborno y corrupción. El escándalo le costó el cargo al ex ministro Dirceu y a la cúpula del PT. La oposición llegó a amenazar con un proceso de censura contra Lula, pero las acusaciones nunca llegaron a implicarlo directamente. Lula, reelecto en 2006, alegó que nada sabía de lo que hacía su partido. Para Ribeiro, la resucitación del tema ahora con un juicio que puede demorar dos años es un elemento "incómodo" para el gobierno, pero no tendrá la relevancia que tuvo en la época y posiblemente no influirá en próximas elecciones. Este será el mayor juicio de la historia del Supremo Tribunal Federal, que hasta ahora nunca condenó a un político. El juez del STF Marco Aurelio de Mello aseguró que el juicio "no acabará en fiasco". Irónicamente, el agudo relator que condujo las deliberaciones y llevó a la corte a aceptar la inculpación de al menos 37 acusados fue nombrado por el propio Lula en 2003, cuando se convirtió en el primer juez negro del supremo brasileño. Fuente: AFP-NA