En esta ocasión, los magistrados debatieron sobre el tema “Jueces de frontera”. Al inicio de la charla Lorenzetti aseguró que “estos jueces y juezas tienen que enfrentar, muchas veces muy solos y solas, desafíos extraordinarios que tienen que ver con el contrabando, el narcotráfico. Se necesita mucho coraje, coraje cívico, coraje institucional y una gran vocación, y necesitamos respaldarlos institucionalmente para que puedan realizar ese trabajo”.

El primero en brindar su exposición fue Leonardo Bavio, juez titular del Juzgado N°1 de Salta. Bavio se centró en el funcionamiento del sistema acusatorio en la justicia federal de Salta y en las nuevas problemáticas que surgieron en la provincia con el contrabando de hojas de coca en estado natural. “La oferta y la demanda de la hoja de coca mueve fortunas”, explicó el juez, “sin embargo hay una incoherencia grave y serias contradicciones sobre su tratamiento porque todo ingreso hoy es ilícito y este bien es siempre de carácter extranjero”.

Para avanzar en una solución aseguró que se debe tener en cuenta no solo la normativa existente, sino la cosmovisión de los pueblos originarios para quienes esta hoja es sagrada y milenaria. “Hay que pensar la posibilidad de que los pueblos originarios que son hiper vulnerables puedan ser reivindicados y que los aranceles que se pague cuando se regule sean destinados a las múltiples vulnerabilidades que tienen en materia de salud, falta de agua y educación; ello sin descuidar el control que debe existir para que se desvíe hacia el tráfico de drogas”, explicó en este sentido.

Seguidamente habló Miguel Guerrero, Juez federal de El Dorado, Misiones, quien centró su exposición en la investigación que viene realizando acerca de la delincuencia organizada transnacional en la Triple Frontera, al que caracterizó como “un fenómeno complejo que ningún Estado puede combatir de modo aislado”. Según el juez: “Vivimos en un mundo interconectado que ha proporcionado un conducto para que los grupos delictivos organizados operen como verdaderas empresas transnacionales con una gran capacidad operativa, con cadenas de suministros cada vez más eficientes, accesos a nuevos mercados, conocimientos técnicos y aptitud para blanquear beneficios a una escala sin precedentes, al menos en esta jurisdicción”. En este marco, la criminalidad organizada no resulta sólo una cuestión vinculada a la seguridad nacional, “ese enfoque unidireccional es equivocado: se requiere un abordaje mucho más complejo y multidisciplinario”.

Luego fue el turno de María Paula Marisi, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza, quien expuso sobre “el delito de contrabando de mercadería procedente de Chile: su financiamiento, su ejecución y el deficiente control de frontera”. Al respecto la Dra. Marisi sostuvo: “Tenemos un deficiente control de fronteras, de los 1500 camiones que ingresan por día solamente entre el 10 y el 15% son sometidos a algún tipo de control adicional al documental, ya sea escáner o apertura”.

Ante este panorama, consideró que el Estado posee las herramientas para hacer frente a este tipo de organizaciones delictivas “mediante una mejora de los controles fronterizos y mediante un trabajo mancomunado de la administración, la aduana, convenios internacionales, fuerzas de seguridad, nosotros desde la Justicia, y evitar perjuicios millonarios tanto a las arcas del Estado como a la economía de los particulares que pagan los tributos en detrimento de quienes no lo pagan”.

Por su parte, Guido Otranto, juez federal de Esquel, provincia de Chubut, expuso sobre la problemática y los desafíos en torno a la justicia federal y la reivindicación territorial de los pueblos originarios. Otranto se refirió específicamente al conflicto que apareció hace una década aproximadamente en la jurisdicción del juzgado de Esquel, que “en líneas generales lo podemos identificar con esa búsqueda de autonomía por parte de los pueblos indígenas”. Asimismo advirtió que el tema está atravesado por la violencia y que, en consecuencia, el desafío más importante “se resume en la labor jurisdiccional en sí misma, esto es, en el trabajo de decir y aplicar el derecho, de establecer los criterios jurídicos que gobiernan las distintas situaciones que estamos atravesando”.