En la noche del martes, delincuentes derribaron y destrozaron un transformador de energía de media tensión perteneciente a la Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú, colocado sobre una antena de telefonía celular ubicada en el Km 38 de Autovía General Artigas, (RN 14).
“Se trata de un transformador de media tensión de 10 Kva, que  tiraron y rompieron a los efectos de sacarle el cobre de su interior. Asimismo, ingresaron a las cabinas que la antena tiene en su parte inferior y rompieron equipos también a los fines de poder robar cables. Producto de este acto delictivo una zona importante quedó sin señal de telefonía y sin servicio de energía eléctrica”, informó Nahuel Otero, titular de la Cooperativa Eléctrica.
Sobre este tipo de modalidad delictiva ya se había  alertado desde la Cooperativa, porque el robo de transformadores eléctricos con la finalidad de extraer el cobre que contienen en su interior y venderlo en el mercado ilegal, se ha vuelto una constante que afecta a las cooperativas eléctricas y distribuidoras de distintos puntos del país. Delito que se ha venido reiterando en nuestro medio, donde equipos instalados en cercanías de la Estación Transformadora de Calle de las Tropas han sido blanco de acciones delictivas.
“La problemática afecta principalmente a los sectores rurales y provoca cuantiosas pérdidas que deben ser afrontadas por toda la comunidad”, explicó Otero, quien agregó que “resulta imprescindible entender que este delito no afecta solo a una empresa o a una cooperativa en particular, sino que nos atañe a todos como sociedad. El robo de cables o transformadores que en primera instancia es una pérdida para las cooperativas, a la postre, se verá reflejado inexorablemente en los aumentos de tarifa del servicio prestado”.
Sin dudas existe una diferencia inmensa entre la magnitud del daño causado y lo que obtienen los delincuentes por la venta de lo robado. En este sentido, Otero indicó que “en el caso de nuestra Cooperativa, la misma pertenece a toda la comunidad y el daño que se provoca nos afecta por igual y es pagado por todos los usuarios”, opinó, al tiempo que volvió a reclamar por una legislación específica “ya que se está atentando contra servicios públicos, empeorando su calidad por la interrupción y el encarecimiento de los mismos”, aseguró.
Por último, Otero recordó que “como ha hemos planteado, este delito, que en sus comienzos surgió como casos de oportunismos aislados, hoy posee una organización tal que lo han convertido en algo difícil de erradicar. Por ello es sumamente necesario crear una trazabilidad de la cadena de comercialización, pues todo termina en una fundición o en el contrabando a otros países”, publicó R2820.