Con la operación, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recibirá un impulso de 720 millones de dólares y participará en un 49% de las utilidades de las petroleras Chaco (British Petroleum) y Andina (Repsol-YPF) y 33,7% de Transredes (ExEnron y Shell). El gobierno habrá de negociar el resto de las acciones de las petroleras, hasta copar el 51%, con el propósito de tomar el control del negocio. YPFB abrió una cuenta bancaria especial para la transferencia, que afecta a las administradoras AFP-Futuro (Zurich Financial) y AFP-Previsión (Banco Bilbao Vizcaya, España). AFP-Previsión, que maneja un Fondo de Capitalización Colectivo (FCC) con más de 500.000 afiliados, anunció que interpondrá "un recurso indirecto de inconstitucionalidad contra el Decreto" que la obliga a entregar a título gratuito las acciones en las petroleras. La medida del gobierno está enmarcada en un proceso de nacionalización de los hidrocarburos adoptada por el presidente Evo Morales el 1 de mayo último y que, además de capitalizar a YPFB, busca garantizar un bono de vejez. El depósito que harán este viernes las AFP "no será dinero contante y sonante, pero sí va a servir para el apalancamiento de créditos que nosotros podamos conseguir que sirvan para inversiones en toda la cadena hidrocarburífera", explicó el presidente de YPFB, Jorge Alvarado. "No es que vamos a ir a nuestra cuenta bancaria -la que abrimos en el (local) Banco Unión- y vamos a sacar el dinero para hacer las inversiones, son en realidad papeles por un valor de 720 millones de dólares, inclusive ni siquiera papeles porque la transferencia será a través de una cuenta electrónica", precisó. Las acciones -que en realidad pertenecen a los bolivianos mayores de 21 años- serán inscritas luego a nombre de YPFB, que las administrará, en la Entidad de Depósito de Valores (EDV). Ante los pedidos de la AFP de compensación por la medida de reversión de acciones, Morales afirmó esta semana en Bruselas que "no hay nada que indemnizar" en la nacionalización de acciones en manos de fondos de pensiones en Bolivia. "Son aportes de los trabajadores. Sólo estaban administrados por las empresas privadas. Ahora van a ser administrados por el Estado boliviano. No hay nada que indemnizar porque no estamos expulsando a nadie", dijo. Fuentes financieras españolas estimaron que el costo para el Banco Bilbao Vizcaya (BBVA) de esta nueva política sería de tres millones de euros (cerca de 3,6 millones de dólares). Morales también apunta al control estatal de las únicas dos plantas de refinación de crudo en Bolivia, que están en manos de la petrolera brasileña Petrobras. Fuente: AFP-NA