Simultáneamente se amotinaron los presos de 22 presidios del estado de Sao Paulo, que tomaron unos 150 rehenes, pero al final del sábado la policía informó que recuperó el control de seis cárceles, con lo cual quedan por lo menos 98 personas en manos de los reclusos alzados en 16 penitenciarías. La ofensiva de una presunta organización mafiosa empezó a las 20H00 locales (23H00 GMT) del viernes y finalizó en la mañana del sábado, con un saldo de muertes de 23 agentes del orden, cinco atacantes y dos personas ajenas a los enfrentamientos, precisó la Secretaría de Seguridad de Sao Paulo. Los ataques fueron atribuidos a represalias por el traslado de 765 presos a una cárcel de alta seguridad. Los organizadores de esas acciones serían miembros del Primer Comando de la Capital (PCC), principal organización mafiosa de Sao Paulo. Un total de 16 delincuentes fueron detenidos, quince de ellos con heridas. Entre los heridos figuran asimismo 18 agentes de seguridad y cinco transeúntes. Los ataques -55 en total, 40 de ellos en Sao Paulo capital y el resto en el interior- se realizaron contra comisarías y bases de los distintos cuerpos policiales, contra un cuartel de bomberos, varios vehículos policiales, agentes que patrullaban las calles y agentes penitenciarios. La Secretaría de Seguridad dispuso la suspensión de licencias y de los descansos de fin de semana de sus efectivos y acuarteló a toda la policía del Estado. Medios de prensa dijeron que el sábado se produjeron nuevas agresiones contra fuerzas de seguridad, pero esa información no fue confirmada oficialmente. El presidente Luiz Inacio Lula da Silva lamentó lo acontecido en declaraciones divulgadas desde Viena (donde participó en una cumbre euro-latinoamericana) y atribuyó la violencia en Brasil a una tradicional falta de inversión en programas sociales. Lula abogó por un "choque de inclusión", en contraposición al "choque de gestión" preconizado por el ex gobernador de Sao Paulo Geraldo Alckmin, candidato de la oposición socialdemócrata para sucederlo en las elecciones de octubre próximo, según declaraciones reproducidas por Globo Online. El mandatario indicó que pidió a su ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, "hacer todo lo necesario no sólo para acabar con las rebeliones en Sao Paulo sino, sobre todo, para evitar nuevos crímenes y más muertos". Las autoridades de Sao Paulo trataron de infundir tranquilidad a la población. "Sabíamos todos los riesgos que estábamos corriendo (con la transferencia de presos), pero era necesario hacerla", dijo en rueda de prensa el gobernador de Sao Paulo, Claudio Lembo. "Sao Paulo no se doblegará al crimen. El gobierno de Sao Paulo está actuando con tranquilidad frente a la situación vivida", añadió. El comandante de la Policia Militar (bajo jurisdicción del estado de Sao Paulo), Elizeu Teixeira Borges, dijo que la fuerza estaba en alerta desde el jueves y "el número de muertos pudo ser bien mayor" sin las disposiciones adoptadas. "Fueron métodos terroristas", dijo a la radio CBN el juez Walter Maierovitch, ex secretario nacional antidrogas (1999) y presidente del Instituto Brasileño de Ciencias Criminales Giovanni Falcone. El magistrado consideró "preocupante que haya una criminalidad organizada que decreta una guerra al estado", porque "inmediatamente pasa de ataques contra policías a ataques contra la población". El PCC controlaría las múltiples rebeliones y motines que ocurren en las cárceles paulistas. Este año hubo 42 motines, según la SAP, número que aumentaría a 50 según el Sindicato de Funcionarios del Sistema de Prisiones del Estado de Sao Paulo (Sifupesp). "Solamente este año, más de 460 funcionarios de las prisiones quedaron bajo el poder de presos insurgentes" en diversas rebeliones, aseguró el Sifupesp. La transferencia de prisiones de líderes del PCC se efectuó en previsión de un eventual intento de fugas masivas en vísperas del Día de la Madre, este domingo, cuando se libera transitoriamente a cientos de presos y aumenta el número de visitas en las cárceles. La SAP controla 144 unidades de reclusión con 124.498 presos condenados en el Estado de Sao Paulo, mientras la Secretaría de Seguridad tiene a su cargo numerosas cárceles en comisarías donde aloja a 17.393 detenidos. Fuente: AFP-NA