Los mayores disturbios se presentaron en Santiago, concentrándose en el día en el centro y por la noche en una decena de barriadas pobres. Pero también produjeron desórdenes en las otras grandes ciudades como Valdivia, Concepción y Valparaíso. En total hubo protestas "en 42 puntos del país", dijo este viernes el subsecretario del Interior, Felipe Harboe. Entre un 80 y un 90% de los detenidos son menores de edad, en su mayoría por debajo de los 16 años, según la intendenta (gobernadora) de Santiago, Adriana Delpiano. Ese factor preocupa especialmente a las autoridades. "No vamos a aceptar que un grupo de muchachos irresponsables, junto con algunos delincuentes, hayan agredido a las personas y alterado la vida de todos", dijo en tono enérgico la presidenta Michelle Bachelet. "No es posible que chiquillos salgan a las calles a agredir y destruir. Eso no tiene justificación alguna", agregó la mandataria. Los disturbios dejaron cuantiosos daños materiales. Sólo en mobiliario público del centro de Santiago las pérdidas fueron estimadas en más de 100.000 dólares por el alcalde de la comuna, Raúl Alcaíno. Un autobús nuevo fue completamente incendiado por una turba de jóvenes en la comuna de Pudahuel, en el norte de la ciudad, y dos minimercados fueron saqueados. El automóvil que conducía una jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago fue duramente atacado por un grupo de jóvenes, que le lanzó piedras y pegó patadas a las puertas, dejándolo semidestruido. Este hecho fue calificado como "ataque cobarde e inaceptable" por Harboe. Imágenes de la televisión mostraron además varias agresiones directas a policías que resguardaban el centro de la ciudad, el blanco de la ira de los muchachos, muchos de quienes actuaron encapuchados y vestidos con sus uniformes escolares. Los disturbios respondieron a un llamado a protestar convocado por grupos de izquierda en conmemoración del llamado "Día del Joven Combatiente", instaurado en memoria de dos hermanos de 18 y 20 años asesinados por policías durante la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet, en 1985. Todos los años la conmemoración desata estallidos de violencia aislada, pero desde el retorno a la democracia, en 1990, eran cada vez menos violentos. No obstante, el aniversario fue utilizado ahora para canalizar la ira de miles de usuarios descontentos por el fallido nuevo sistema de transporte instaurado en Santiago en febrero y por escolares que volvieron a pedir la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, dictada durante la dictadura (1973-1990). La normativa, que privatizó la educación y dejó en manos de los municipios la administración de las escuelas públicas, fue el centro de los reclamos de estudiantes secundarios que en mayo pasado protagonizaron las mayores protestas estudiantiles en tres décadas. Los disturbios estudiantiles se repitieron en los meses de junio, agosto y octubre del año pasado, con similares escenas de violencia. Fuente: AFP-NA