La Cámara de Casación Penal declaró “inadmisibles” los planteos de los defensores de Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao, y de ese modo confirmó la prisión preventiva, por un plazo de cuatro meses, en la megacausa de los contratos truchos de la Legislatura. Así, el tribunal confirmó la resolución adoptada el 2 de noviembre por la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, María Carolina Castagno, que a su vez refrendó la medida que había dispuesto el 19 de octubre último la jueza de Garantías, Marina Electra Barbagelata y confirmó la prisión preventiva de los cuatro por cuatro meses.

A Casación fueron los abogados José Raúl Velázquez y Humberto Franchi, defensores de Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo para rechazar la preventiva. En su escrito, advirtieron que el posible entorpecimiento en la investigación -la razón de la restricción de la libertad- “fueron conductas o circunstancias previas a formularles el hecho endilgado y que el fin del encierro cautelar es el de preservar las probanzas a futuro y es una de las causales del mismo, por lo que los argumentos tanto de la Jueza de Garantía como de la Vocal de la apelación carecen de los fundamentos procesales exigidos”.

Y señalaron que “no se puede hacer una inversión de la carga probatoria ya que el poder punitivo está en cabeza del estado y no de los ciudadanos”. Además, que la privación de libertad decretada, atento el contexto actual, de la situación carcelaria resultaría “dañina” para sus asistidos.

En tanto, los abogados Iván Vernengo y Damián Petenatti, defensores de Alfredo Bilbao, argumentaron la inexsistencia de posibilidades de que su asistido influya negativamente en el normal desarrollo de la investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal, y que la resolución de encarcelamiento preventivo quiebra el principio de reserva consagrado en Constitución Nacional. Y consideraron “excesivo y arbitrario” el tiempo de duración de la prisión preventiva.

Casación entendió que tanto la jueza de Garantías como la de Juicios fundamentaron convenientemente la prisión preventiva. “Por ello insistir en esta tercera instancia no prevista en la legislación, implica un desgaste jurisdiccional inútil, porque no hay ninguna posibilidad de modificar lo resuelto en la apelación, en razón de que -como lo ha demostrado la Vocal de Cámara- la resolución de la Dra. Barbagelata se encuentra debidamente fundamentada de acuerdo a la etapa procesal en la que se encuentra esta investigación y a las exigencias constitucionales y legales”, señala, según publicó Entre Ríos Ahora.

La resolución lleva las firmas de los tres magistrados que integran Casación, Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti.