El presidente del directorio del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Fernando Cañete, manifestó su “preocupación” ante diversos fallos judiciales contra el organismo y cuestionó que existe “liviandad cada vez que hay que fallar contra la obra social”. Luego de detallar diversas situaciones desfavorables al IOSPER, analizó: “La factura que estoy pagando es que el Poder Judicial haya tenido que aportar en su totalidad a la obra social”. De todos modos, admitió que “las obras sociales provinciales de todo el país estamos padeciendo lo mismo”. A la hora de hacer un balance de la situación de la entidad en este año, afirmó que “desde lo económico estamos muy bien, el problema que tenemos es financiero” porque hay un déficit de entre 65 y 70 millones de pesos “y por eso se demora el pago en algunos prestadores, como kinesiólogos y odontólogos que en el transcurso de esta semana se estará pagando”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Cañete mencionó su preocupación por diversas decisiones judiciales contra la obra social y explicitó que “por una disposición que se hace en un Juzgado de Familia donde una mujer presenta un pedido de filiación, cuyo presunto padre es empleado municipal lo primero que dispone la jueza es la afiliación provisoria a la obra social. Ante lo cual se pidió la documentación necesaria la que nunca se presentó y a raíz de eso se plantea una acción penal contra mi persona por desobediencia judicial”.

No obstante ello, advirtió que “al ahondar en el expediente judicial resulta que la solicitud de filiación el único movimiento que había tenido era solamente el pedido de afiliación provisorio y el expediente estaba planchado”. Y agregó que “el presunto padre no estaba enterado de que era presunto padre ni que estaba denunciado pero se le dio curso a la denuncia penal”.

Al respecto, criticó que “esto viene por esa liviandad que existe cada vez que hay que fallar contra la obra social” y agregó que “otra situación es con los cuidadores domiciliarios, donde por amparo tenemos tres cuidadores y al hacer la auditoría la persona presuntamente afiliada expresa que está bien, que tiene un solo cuidador pero la Justicia obliga a la obra social a disponer de tres; va una sola persona quien tiene el poder para cobrar no le paga a los cuidadores”.

“Tenemos un amparo que nos condena por tres cuidadores domiciliarios, cuando pagamos 1.216 cuidadores domiciliarios por mes, que suman casi 14 millones de pesos mensuales”, afirmó.

También comentó que “a eso hay que sumarle las maestras orientadoras-integradoras, donde hay directivos que se quejan porque no son controlados, no cumplen horario, no conocen la planificación del trabajo. Además hay otra situación en Concordia donde se está presentando esta semana la denuncia penal porque hay una maestra que es directora de un establecimiento escolar a la mañana, por la tarde tiene otro cargo de maestra con pedido de licencia sin goce de sueldo, y por amparo tenemos cinco afiliados a los que supuestamente esta señora le brinda la atención de maestra orientadora-integradora a un chico de 7.15 a 12 horas, a otro de 8 a 13 horas, y a otro en horarios discontinuos; y dos chicos más a la tarde que van a la casa de esta señora”. Calificó la situación como “un despropósito”.

Ante esto, afirmó: “Estamos preocupados por la liviandad con que algunos jueces nos castigan”.

“Esto lo hablé con la ex presidenta del STJ (Claudia Mizawak) y con el presidente actual (Emilio Castrillón, pero cada juez funciona dentro de su jurisdicción y luego está la posibilidad de la alzada en un organismo superior, pero al salir un amparo en primera instancia tenemos que dar curso. Y esto nos preocupa muchísimo. De la misma manera en que nos condenan con medicamentos de alto costo o las famosas sillas de ruedas de un millón de pesos”, refirió.