Luego de que la oposición de derecha, que controla el Senado, observara el martes pasado "sospechosas irregularidades" en un anexo de los contratos, el gobierno del presidente Evo Morales aceptó pactar una ley para modificar dichos anexos y corregir lo que el gobierno llamó "errores de forma". La acusación de la oposición básicamente señala que el gobierno envió al Congreso para su aprobación un texto diferente de lo pactado con las multinacionales. Manuel Morales, presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB), que representó al Estado boliviano en la negociación y firma de los acuerdos el 28 de octubre último, explicó que la diferencia se encuentra en la existencia de anexos de contratos aplicados de forma diferencial para unas y otras multinacionales. Los contratos de mención establecieron un régimen de ganancias que en promedio favorecen en 82% al Estado boliviano y el restante 18% para los privados. Luego de aprobados por las Cámaras de Diputados y Senadores, los contratos quedaron pendientes de protocolización. En ese momento la estatal intervino señalando que algunos errores obligaban a realizar modificaciones en los contratos, y por eso el Congreso tuvo que volver a considerarlos. Esta semana cuando este nuevo trámite se inició en el Senado, miembros de este órgano controlado por la oposición detectaron diferencias entre el original de los anexos "D" (que determinan el régimen de presupuestos y la fijación de costos recuperables por parte de las empresas) y una versión colocada en la página web de YPFB. En una comparecencia el jueves ante la Cámara de Diputados, Manuel Morales reconoció que tras la firma de los contratos en octubre se había negociado discretamente con las compañías tres tipos de anexos, "uno duro, otro intermedio y un tercero suave". Este régimen, cuya existencia se desconocía hasta la semana pasada, cuando lo dio a conocer la oposición senatorial, se aplicó de manera indistinta a Petrobras, de Brasil, que resultó beneficiada por la versión más blanda del anexo "D" en la explotación de los megacampos gasíferos de San Alberto, San Antonio y Río Hondo, los más promisorios, explicó a la AFP el senador opositor Carlos Börth. Repsol de España, que explota el megacampo de Margarita, y la francesa Total, que desarrolla el no menos importante yacimiento de Itaú, todos en el extremo septentrional del país, en las estribaciones de la cordillera andina, fueron tratadas con las versiones más duras e intermedias de los anexos, precisó Börth. El diputado Fernando Messmer, de Podemos, principal organización de oposición liderada por el ex presidente derechista Jorge Quiroga, calificó de "incompetencia, corrupción y negligencia funcionariales" las acciones ulteriores a la firma de los contratos efectuadas por parte de Manuel Morales, hombre de la más estrecha confianza del presidente boliviano. El tema, que amenaza con provocar un cisma en la política hidrocarburífera del país, fue tratado este viernes a nivel de bancadas de los partidos oficialistas y opositores en el Congreso. La administración Morales quedó ante un dilema, por las implicaciones que tendría una eventual decisión de corregir los anexos, que involucran indirectamente los ingresos de las compañías extranjeras. "No es un tema de los contratos, es un tema del anexo ("D"). Ha habido varias denuncias de haber incurrido en daño económico al Estado y no es cierto", repuso el diputado oficialista Gustavo Torricos, al tiempo de anticipar que las petroleras serán convocadas la semana que viene para sellar su situación jurídica en el país. Bolivia posee la segunda reserva gasífera de Sudamérica: 1,55 billones de metros cúbicos, valuada a precio de mercado regional en 250.000 millones de dólares. AFP-NA