El proyecto de ley fue aprobado en el curso de un consejo de ministros extraordinario después de largas y difíciles negociaciones y presiones de la Iglesia católica, contraria a toda unión que no sea a reglamentada con el matrimonio. El texto reconoce derechos y deberes a cada persona dentro de una pareja y no establece derechos y deberes a la pareja como tal. Entre los derechos reconocidos figuran la asistencia social y de salud, de sucesión en caso de muerte, de pensión y de alquiler. La legalización de la parejas de hecho figuraba entre los puntos aprobados en el programa electoral de la coalición de centro-izquierda liderada por Romano Prodi. Mientras los sectores más moderados y católicos se oponían a su adopción, apoyados decidamente por el Vaticano y la Iglesia católica, los Verdes, comunistas y radicales presionaron para que la ley fuera adoptada rápidamente. "Se trata de una ley superflua, dañina, que ataca la familia y a la que nos vamos a oponer en el Parlamento", anunció por su parte el líder democristiano Pierferdinando Casini. El proyecto de ley, elaborado por la ministra para la Igualdad de Oportunidades, Barbara Pollastrini, ex comunista y la ministra para la Familia, Rosy Bindi, ex democratacristiana, es un texto moderado, que no se inspira a los llamados Pactos Civiles de Solidaridad (PACS) adoptados en Francia ni a la actual legislación española en ese campo. "Se trata de una ley seria, equilibrada y sabia, que puede ser de todos modos mejorada", declaró la ministra Pollastrini, quien recalcó que la ley tutela los intereses de la persona más desprotegida después de tres años de convivencia en el seno de una pareja. "No se trata de un matrimonio de segunda categoría", subrayó por su parte la ministra Bindi. "Se trata de la primera vez que la legislación italiana reconoce derechos esenciales para la serenidad existencial de las personas que viven juntas, sean heterosexuales u homosexuales", declaró Piero Fassino, líder del mayor partido de la coalición Democráticos de Izquierda (DS). El ministro de Justicia, Clemente Mastella, líder del pequeño movimiento democristiano Udeur, quien se oponía a su adopción, no participó en el consejo de ministros. Al contrario de los llamados PACS franceses, la ley italiana exige que la pareja haya convivido al menos tres años para poder mantener el contrato de alquiler en caso de muerte del compañero arrendatario y nueve años de convivencia para madurar derechos de sucesión. Los derechos en el campo de las jubilaciones no serán automáticos como para las parejas casadas oficialmente y dependerá de las condiciones económicas del concubino. Mientras la legislación francesa no cubre la convivencia entre hermanos o parientes, el llamado "Dico" (Derechos y Deberes del Convivente), reglamenta la convivencia entre "hermanos, sobrinos y tías", precisó la ministra Bindi, al referirse al reconocimiento jurídico de "lazos amorosos". Ninguna ceremonia deberá ser cumplida para oficializar la unión y sólo será necesario que la pareja, en compañía o individualmente, la registre en la oficina de Registro Civil. "Se trata de un paso importante para reconocer derechos que ya existen desde hace tiempo en numerosos países de Europa", comentó Franco Grillini, diputado de DS, presidente honorario de la asociación de defensa de los derechos de los homosexuales Arcigay. Fuente: NA