En la misiva, que bien pudo haber estado suscripta por su antecesor, Jacinto Chesini, porque en este tema en nada se diferencian, le comunica el estudio unilateral que realizó el Grupo de Estudios por la Contaminación del río Uruguay en el marco del convenio firmado por la Universidad Tecnológica Nacional de Concepción del Uruguay.
Davicco en su escrito reprocha que “el Municipio de Gualeguaychú no ha presentado nada a nivel científico” (sic) y agrega: “tan sólo conjeturas y suposiciones, que no son válidas en esta instancia, donde debemos manejarnos con datos y ser lo más profesional posible”. También reprocha que los profesionales de la Universidad de La Plata (casa de estudios que deberá realizar los análisis al respecto) “no han solicitado siquiera la información de base para comenzar a trabajar”. Y en una defensa cerrada a la inversión privada, concluye que esta demora “dilata los plazos que no generan otra cosa que mayores perjuicios a la continuidad del proyecto Amarras”. El intendente en su nota entiende “que hay información científica en exceso, no habiendo motivos para continuar con la suspensión de las obras”. Incluso reprocha que “el principio de prevención (dictado implícitamente en sede administrativa mediante Decreto del Gobernador), se aparta del ordenamiento aplicable en materia de derecho ambiental, ya que habría primero que rebatir la información presentada por otra de igual calibre”, disparó.
El barrio Amarras ha generado una conflictividad importante en la comunidad que amenaza la paz social entre los vecinos, lo que implica de hecho una cabal expresión de que este emprendimiento no goza de licencia social; ha sido cuestionado en sede judicial (sobre la cuestión de fondo la Justicia no se expidió) y en sede administrativa se reprochó la violación a la normativa vigente y que se haya avanzado por la fuerza de los hechos consumados. No obstante, al ritmo de la empresa Altos de Unzué, el intendente de Pueblo General Belgrano ahora sale a pedir que las obras se reinicien, cuestionando con una dureza inusitada la postura de la Municipalidad de Gualeguaychú que ha objetado la iniciativa por el temor a inundaciones. La desviación de un río está expresamente prohibida en el Código Civil, aunque los pueblos ribereños saben por experiencia propia que esos derechos a veces pueden quedar mancillados por la fuerza de la billetera, tal como ocurre con la pastera UPM (ex Botnia). ¿Y la Municipalidad de Gualeguaychú se quedará en silencio? La respuesta no debería hacerse espera