Una organización civil de Camiri exigió a las filiales de las petroleras Repsol (España) y British Petroleum (Gran Bretaña), que operan campos gasíferos, paralizar sus labores hasta que el gobierno de Evo Morales disponga mayores beneficios a la región provenientes de la renta hidrocarburífera. En caso de que las petroleras no acaten la intimación "provocarán el ingreso de pobladores que harán cumplir (a la fuerza) las determinaciones de la Asamblea del Pueblo Guaraní", advirtió el Comité Cívico de Camiri, que controla desde el lunes una estratégica carretera que une a Bolivia con Argentina. Bolivia bombea a Brasil un promedio de 26 millones de metros cúbicos de gas al día, volumen que abastece el 50% de los requerimientos energéticos del industrial Estado brasileño de San Pablo. Por otra parte, el corte de rutas amenaza también con afectar la provisión al mercado local de diesel, que Bolivia importa de Argentina. La amenaza que se cernía principalmente sobre las plantas de bombeo y gestión de gas a Brasil provocó la reacción del Gobierno, que ordenó el despliegue de la policía a la zona de conflicto, donde casi medio millar de motorizados, de carga y pasajeros, permanece varado hace cuatro días. "Me veo en la obligación de trabajar en el otro terreno, en el de la coerción, el uso de la fuerza legítima", deploró el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada. "No se permitirá la toma de campos petroleros. No se puede atentar contra una propiedad del Estado", enfatizó el vocero presidencial Alex Contreras. Los líderes de Camiri, -emporio petrolero en la década de los años 60 y 70 distante 1.200 km de La Paz- mantienen indeclinable la huelga con que también presionan otras poblaciones de la región Gran Chaco, que alberga la mayor parte de la riqueza gasífera boliviana. Eso provocó fricciones el jueves que casi desembocan en agresiones entre transportadores que exigían que se les diera paso y huelguistas. De acuerdo con el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, líderes de las poblaciones de Yacuiba, Macharetí y Caraparí -que tienen exigencias similares- aceptaron formar mesas de diálogo con el Gobierno y allanar soluciones a la crisis. El comité cívico de Camiri declinó adherir el principio de acuerdo y mantuvo invariable su demanda de que la gerencia de Exploración y Explotación de la compañía estatal de petróleos (YPFB), en vías de refundación y potenciación financiera, se instale en esa población del oriente boliviano, según un despacho de la oficial agencia ABI. Otra demanda de la organización es la instalación de una planta industrializadora de gas en la desértica región del Chaco, una zona colindante con Argentina, Paraguay y Brasil, y habitada en su mayoría por mestizos e indios guaraníes. Esta región concentra las principales reservas de gas de 48,7 trillones de pies cúbicos (unos 1,55 billones de metros cúbicos) según datos oficiales, que colocan a Bolivia como la segunda reserva más importante de Sudamérica, después de Venezuela. Fuente: NA