Miles de trabajadores privados, agremiados en la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia, marcharon en la ciudad de Potosí (570 km al sur de la capital), en rechazo a la propuesta del poder Ejecutivo de incrementar los impuestos mineros, entre 86% y 850%. La marcha callejera desembocó en la Plaza de Armas de Potosí, un rico emporio de plata desde los tiempos de la colonización española, donde los dirigentes del sector anunciaron que no aceptarán un cambio impositivo porque significaría la "muerte económica del sector". Con pancartas en mano que decían "¡Muera el nuevo impuesto minero!", unos 10.000 manifestantes estimados por las autoridades, señalaron que no aceptarán una nueva carga tributaria, reportó la red televisiva Bolivisión. El sector "dio un plazo de 48 horas al presidente Evo Morales" para presentarse en esta ciudad a explicar los planes del gobierno para la minería, dijo Benedicto Llano, presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí. El gobierno prevé subir el Impuesto Complementario Minero (ICM), con distintas alzas según el metal. El impuesto al oro subiría de 6,5 a 12,8 % (incremento de 98%); el de la plata de 6 a 11,15% (86%), el del zinc de 5 a 9,75% (95%), el plomo de 5 a 11,55% (131%), el estaño de 5 a 12,4% (148%) y el cobre de 1 a 9,55% (855%). En La Paz, Esteban Martínez, secretario General de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin), dijo que el sector, que agrupa a unas 500 unidades productivas y beneficia a unas 60.000 familias, "se encuentra en estado de emergencia", frente a esta decisión del gobierno. "Estamos pidiendo que el gobierno deje en status quo su propuesta de reformar los impuestos mineros, porque elevar un punto más va a significar la muerte del sector cooperativista; no podemos aguantar más tributos", afirmó el dirigente del sector. En un documento Fencomin señala que 50% de los 58 millones de dólares generados por la actividad minera en impuestos en 2006, corresponde al aporte de los trabajadores mineros privados y que este porcentaje refleja "el gran sacrificio con Bolivia". Los trabajadores mineros privados anunciaron que si no son atendidos por el poder Ejecutivo se movilizarán a la ciudad de La Paz y, como advertencia, recordaron que sus medidas de protesta fueron el elemento decisivo en la caída del presidente ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, durante los conflictos sociales de octubre de 2003 que dejaron unos 60 muertos y 500 heridos. El ministro de Minería, Guillermo Dalence, se encuentra abocado a discutir con los empresarios mineros, trabajadores sindicalizados y trabajadores privados (de cooperativas) su nueva propuesta de ICM y, posteriormente, deberá modificar el Código Minero en el Congreso. El gobierno ha señalado que en 2006 Bolivia exportó minerales por un valor de 1.000 millones de dólares y para el fisco sólo quedaron unos 45 millones de dólares por concepto de Impuesto Complementario Minero (ICM) y 13 millones en Impuesto a las Utilidades (IU). También ha asegurado que su nueva propuesta fiscal implica que Bolivia pueda recibir unos 300 millones de dólares al año en impuestos. Además de a los cooperativistas, un eventual cambio impositivo afectará a siete megaproyectos mineros ejecutados por empresas extranjeras: San Cristóbal en Potosí (manejada por Apex Silver - EEUU); San Bartolomé en Potosí (Manquiri, subsidiaria de Coeur DAlene - EEUU) y San Vicente en Potosí (American Silver Corp - EEUU). Igualmente a Kori Chaca en la provincia de Oruro (Inti Raymi, subsidiaria de Newmont - EEUU); El Mutún en la frontera boliviano-brasileña (Jindal Steel & Power - India); Amayapampa en Potosí (Luzon Minerals - EEUU) y Sinchi Wayra en Oruro (Glencore - Suiza). Fuente: NA.