La interrogante que aceptaron analizar los jueces es sin embargo limitada: ¿la Agencia nacional de protección del medio ambiente (EPA) tiene autoridad para regular las emisiones de cuatro gases con efecto invernadero, entre ellos el CO2, en los vehículos nuevos? La respuesta de la Corte no podrá modificar directamente la política estadounidense en la materia, pero los defensores del medio ambiente esperan una decisión a su favor para impulsar un movimiento que la administración Bush rechaza. A fines de los años 90, recordando que Estados Unidos es responsable del 25% de las emisiones mundiales de gases con efecto invernadero, organizaciones ecologistas pidieron a la EPA, que ya regula las emisiones de contaminantes directos, intervenir sobre estos contaminantes indirectos. Después de primeros contactos alentadores bajo la administración Clinton, las discusiones cesaron con la llegada al poder de George W. Bush, y tras varios años la EPA respondió que sus estatutos no preveían que regule este tipo de emisiones. A partir de 2002, por iniciativa de Massachusetts (noreste), una docena de estados, varias grandes ciudades y 15 asociaciones ecologistas presentaron recursos en la justicia contra esta decisión. La Corte Suprema aceptó el primer caso que le llegó y su decisión debe incidir en los otros recursos, que refieren a la regulación de las emisiones de las centrales eléctricas, responsables del 40% de las emisiones de CO2 en el país, contra 20% en el caso de los automóviles. Los demandantes, que perdieron en primera instancia y en la apelación, estiman que el "Clean Air Act", promulgado en 1963, impone a la EPA reglamentar estas emisiones. Organizaciones religiosas, científicas, estaciones de esquí, empresas e incluso varios ex administradores de la EPA, se sumaron al planteo. Por el contrario, nueve estados y varias organizaciones de fabricantes de automóviles presentaron argumentos ante la Corte en defensa de la EPA. Especialistas en clima explicaron que los efectos nefastos de las emisiones de gases con efecto invernadero no estaban probados, y juristas añadieron que si el problema era tan grave como afirman los demandantes, no podía ser solucionado por una simple decisión judicial. En nombre de la defensa de la economía estadounidense, el presidente Bush ha rechazado ratificar el protocolo de Kyoto, que entró en vigor en febrero de 2005 para luchar contra el cambio climático. Pero varios estados ya se comprometieron en forma independiente. En setiembre, California promulgó una ley que busca reducir en 25% las emisiones de dióxido de carbono antes de 2020. Fuente: AFP-NA.