La encuesta a la que respondieron alrededor de 3.000 jueces consideró también como obstáculos al desarrollo la carga tributaria (87,2%), el nivel educativo de la población (84,8%) y la impunidad (79,7%). Los resultados de la consulta fueron divulgados en la ciudad de Curitiba (sur), al margen del 29º Congreso Brasileño de Magistrados, cuyo tema central este año fue justamente el desarrollo como una cuestión de justicia. "Posiciones críticas, incluso en relación al desempeño de la magistratura se combinan con percepciones comprometidas con la interaccióm entre la legalidad y posibles consecuencias políticas, económicas y sociales de sus decisiones", dijo Maria Tereza Sadek, coordinadora de la encuesta. La divulgación del estudio coincide con un proceso de reforma del poder judicial brasileño, que comenzó hace dos años con cambios en la constitución y actualmente se concentra en la modificación del Código del Proceso Civil. "Al contrario de lo que se piensa, nuestros jueces y nuestras juezas están concientes de las consecuencias y del impacto de sus decisiones en la sociedad", dijo Rodrigo Colazo, presidente de la AMB. La encuesta quiso saber la opinión de los jueces sobre el derecho laboral, la reforma política, el derecho penal, el derecho ambiental y la formación de los magistrados. Al responder a una pregunta sobre cuales serían los principales obstáculos para el desarrollo del país, 90,9% consideraron la corrupción como muy importante y 7,6% como importante. "La corrupción es uno de los grandes problemas de Brasil porque desvía recursos destinados a la población carente y sufrida", dijo Colazo en una entrevista divulgada por la agencia estatal Radiobrás. La corrupción o la impunidad son temas que adquirieron mayor importancia para los jueces que la morosidad de la justicia, señalada como uno de los principales problemas por la población. "Ningún empresario deja de invertir en el país porque el proceso judicial es moroso, aunque no nos conformamos con eso", dijo Colazo. Los jueces son muy favorables a la protección legal de los trabajadores para garantizar su derecho a vacaciones, reposo semanal remunerado, pago de horas extras y sueldo básico. La mayoría (70%) se opone a la retirada del texto constitucional de los derechos laborales. La encuesta señaló el concurso público como el mecanismo más adecuado de selección para la magistratura y 65,7% defiende un papel normativo a los miembros de la Justicia Electoral, rechazando un rol meramente administrativo de los procesos electorales del país. Para 42,2% de los jueces, la represión al abuso del poder político o económico durante las campañas electorales ha sido muy deficiente así como el examen de la contabilidad de los partidos políticos (55%). Otra gran preocupación identificada por la encuesta es la necesidad de actualizar la tipificación de los crímenes electorales y de imponer límites a los costos de las campañas electorales, además de la imposición de penas más severas para políticos en casos de corrupción e improbidad. La existencia de impunidad para los jueces es consecuencia del exceso de recursos judiciales, la morosidad de los procesos y las deficiencias en la investigación de la policía, según la encuesta. Fuente: AFP-NA.