Los recortes, cuyo objetivo es reducir el déficit de las comunidades autónomas, se suman a los 27.300 millones que el gobierno ya aprobó recortar en todos los ámbitos en los presupuestos generales del Estado para este año, para cumplir con los compromisos pactados con la Unión Europea (UE).
El ajuste en Salud incluye la retirada de la "tarjeta sanitaria" para inmigrantes "sin papeles", quienes desde septiembre verán impedido su acceso a la atención médica de la que gozan los españoles y sólo serán atendidos en urgencias y en caso de parto.
También incluye, entre otras medidas, el copago farmacéutico, que por primera vez tendrán que asumir los jubilados, informó la agencia de noticias DPA.
Los portavoces parlamentarios del socialismo (PSOE) e Izquierda Unida (CiU) entre otras formaciones opositoras criticaron a la Ministra de Salud, Ana Mato, por no haber tramitado el texto como proyecto de ley de urgencia, algo a lo que se opuso la bancada del PP.
Durante su intervención ante el Pleno, Mato destacó que con este paquete de medidas se garantiza que la sanidad pública "pueda seguir siendo universal, gratuita y de calidad", al tiempo que permitirá que "todos los españoles puedan ser atendidos de igual forma con independencia de donde vivan".
España atraviesa "un momento de urgencia", argumentó la ministra.
El ajuste en Educación incluye el aumento de alumnos por clase en la enseñanza no universitaria, un aumento de las horas lectivas de los profesores -que según la oposición conducirá al despido de docentes- y una importante subida de los valores pagados por los universitarios.
"Ésta es la respuesta excepcional del gobierno a unas circunstancias excepcionales, desafortunadas", manifestó sobre este punto el ministro de Educación, José Ignacio Wert.
Los partidos de la oposición calificaron la jornada como "un día triste" y "de luto".
El gobierno de Rajoy aprobó el 20 de abril este recorte adicional de 10.000 millones de euros por decreto, por lo que era necesario que el Congreso de los Diputados lo convalidara.