"Lo preliminar que tenemos es un accidente, se descarta completamente que haya habido mano criminal y cortocircuito", como señalaron algunas versiones, declaró a la AFP el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla.
El ministro indicó como posible causa del "accidente" que los reos "estaban fumando en un colchón inflamable y se inicia la primera llama, toma fuego el lugar" y se propaga rápidamente por las condiciones de hacinamiento de la cárcel.
El sobrepoblado penal de Comayagua, ubicado 90 km al norte de Tegucigalpa, se volvió un infierno en la medianoche del 14 de febrero, con 852 reclusos dentro -el doble de la capacidad-, muchos de los cuales murieron atrapados en las celdas, calcinados y asfixiados por el humo.
El fiscal general de Honduras, Luis Rubí, dijo que la hipótesis de que el incendio haya sido causado por un cigarrillo "es la predominante en este momento, según las numerosas declaraciones de los testigos".
"Pero aún no precisamos cuál de los prisioneros fumaba y se durmió. El cigarrillo habría caído al colchón, que se incendió y causó la tragedia", agregó el fiscal.
Bonilla dijo que el gobierno, tras informes de la Comandancia de Bomberos y la Fiscalía, espera el resultado final del equipo de la agencia estadounidense de control de alcohol, tabaco, armas y explosivos (ATF), que apoya las investigaciones.
Parientes de las víctimas dijeron haber visto cadáveres con perforaciones de bala e insistían en versiones de que los policías del penal habían rociado gasolina para desatar el fuego y facilitar una fuga, acción por la cual supuestamente habían recibido un pago.
Sin adelantar resultados de la investigación, el presidente Porfirio Lobo visitó a los familiares este martes, por primera vez desde la emergencia, en el Instituto de Formación Profesional de Tegucigalpa, donde están albergados a la espera de que les entreguen los cuerpos para sepultarlos.
Ante cientos de familiares, Lobo anunció que pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, ayuda para establecer un procedimiento de indemnización "correcto, legal y sobre todo justo", aunque reconoció que con ello "no se recupera la vida a nadie".
Para tratar de calmar la ansiedad que desborda en el albergue, el mandatario explicó que por el estado en que se encuentran los cadáveres, muchos calcinados y ya descompuestos, el proceso de identificación es "más lento".
El fiscal Rubí descartó impactos de bala como causa de muerte tras ser practicadas -hasta este martes- 277 autopsias del total de 359 cadáveres. Hasta ahora se han logrado "al menos unas 70 identificaciones" y "27 entregas de cuerpos".
Desesperados por la lenta entrega de los cuerpos, decenas de familiares, muchos de los cuales son sometidos a pruebas de ADN, se abalanzaron en la tarde del lunes sobre bolsas de cadáveres que los forenses habían colocado en la calle frente a la morgue de Tegucigalpa, tras romper el cerco de policías y soldados.