Antes de las 9, Carina Domínguez, José Zarza, Ester Santamaría, Zunilda Suárez, Guillermo Barreira y Fabián Monzón entraron al Palacio de Justicia acompañados por un grupo de personas entre quienes estaba el secretario general y diputado José Ángel Allende.

El ex ministro Ariel De la Rosa llegó unos minutos más tardes, apartado del agrupamiento, según registró ANÁLISIS DIGITAL.

Frente a los jueces Alejandro Grippo, Pablo Vírgala y Alejandro Cánepa, los fiscales Laureano Dato y Gamal Taleb desarrollaron su alegato de apertura. Ratificaron en esa instancia las imputaciones por coacciones agravadas en el Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante. Luego elaboraron las alegaciones correspondientes los defensores Marcos Rodríguez Allende -en representación de seis imputados-, y los abogados Leopoldo Lambruschini y Julio Federik, quienes representan a De la Rosa. También hubo dos ampliaciones de indagatorias -Domínguez y Monzón contaron su versión de los hechos- y pasaron nueve testigos. “Si tuviera que resumir los hechos diría patota y apriete”, lanzó el fiscal Dato apenas abierta la audiencia, para comenzar su alegato. El representante del Ministerio Público Fiscal se refirió a acontecimientos en el ámbito del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, ocurridos entre el 5 y el 7 de junio de 2017.

Según el fiscal, esos hechos tuvieron como objetivo “quebrantar la voluntad y libertad” de la directora Diana Trossero, “pretendiendo la reincorporación de una empleada que había sido dada de baja en legitimidad”.

De acuerdo a la hipótesis de la acusación pública, para lograr ese cometido los imputados de “UPCN o funcionarios” crearon un “clima hostil”. En esa línea, Dato entiende que Carina Domínguez, secretaria gremial “organizó y determinó quién debía concurrir el 5 de junio de 2017 al Hospital Colonia de Diamante, proveyendo viáticos y combustible a Zarza, Santamaría y Suárez”. Estos últimos “irrumpieron en el despacho de Trossero y le exigieron la reincorporación de la enfermera Yanina Migueles”. “No dejaron salir a Trossero de su oficina, la agredieron física y verbalmente y le exigieron explicaciones sobre la baja del contrato de Migueles”.

Ocurrió delante de la hija de Trossero que tiene 6 años, un lunes.  Al día siguiente, el propio ministro Ariel De la Rosa llamó a Trossero por teléfono. Tuvieron una acalorada discusión. Trossero puso el teléfono en alta voz para que otros empleados de hospital pudieron escuchar cómo el ex titular de Salud provincial, le exigía que se reincorpore la enfermera en cuestión. “Mirá que yo te dejé pasar varias cositas a vos... Y si no estás capacitada, renunciá”, le habría dicho De la Rosa a la directora. Todo a los gritos, tal como lo relataron los testigos este lunes. Concretamente, De la Rosa le exigió a Trossero que reincorpore a Migueles o renuncie. Luego le envió un fax que estaba escrito a mano y llevaba una firma al final. Allí se le repitió la orden. Trossero se negó porque el manuscrito no estaba claro y no llevaba ningún sello.

Un día después, el miércoles a primera hora, hasta el hospital concurrió la propia Carina Domínguez junto a Suárez y Zarza. Los tres querían entrevistarse a solas con Trossero, llevaban en mano la resolución del ministro en la cual se exigía la reincorporación de Migueles. Además, los sindicalistas habían llamado a los medios diamantinos, porque planeaban dar una conferencia de prensa desde el hospital. Trossero no los recibió nunca en su despacho, en vez de eso, hizo una denuncia por aprietes y los detuvieron. Cuando eran sacados en patrullero del hospital, Fabián Monzón y Barreira se interpusieron a los policías, obstruyendo el paso. Todo fue peor porque los efectivos también detuvieron a los últimos dos.

Según la acusación fiscal y los testigos que pasaron hoy, todo ocurrió en un contexto de amenazas, exigencias, gritos, malos tratos, llantos, irrupciones en espacios privados y obstrucciones corporales. Hasta los efectivos de la Policía contaron que quisieron amedrentarlos.

“Persecución administrativa

y política”

Por otro lado, los defensores rechazaron las acusaciones del Ministerio Fiscal. “Escuché hablar de patota y apriete pero el denominador común son los actos gremiales dentro del fuero administrativo, que escapan a ese concepto agraviante”, aseguró el abogado Marcos Rodríguez Allende.

El sobrino del sindicalista y diputado José Allende, es defensor del secretario Adjunto de UPCN Fabián Monzón; de la secretaria gremial Domínguez; del subsecretario de Movilización Zarza; del secretario capacitación Barreira; de la subsecretaria gremial Suárez; y de la delegada gremial Santamaría. El abogado se quejó de que los gremialista “no tuvieron ni la posibilidad de estar frente a  -Carlos Berbara, director de Salud Mental-. Dijo que Trossero hizo “persecución administrativa y política respecto de Migueles”.

El abogado cuestionó la Investigación Penal Preparatoria y dijo que encontró “errores” en los objetos de imputación. “No podemos hablar de coacciones agravadas cuando hay actos administrativos previos”, aseveró y enumeró dos notas: una en la cual se puso en conocimiento a Berbara y otra al Ministerio de Trabajo. “Los imputados nunca tuvieron contacto físico con la directora. Crearon una escena para ser detenidos. Los fiscales que se encontraban en el hospital dieron la orden de detener a los de UPCN”, asentó.

“No podemos nosotros pensar que estamos de patoteros. Se interpuso recurso administrativo para reintegrar a una persona que fue cesanteada administrativamente. Nunca se ingresó la despacho de directora. Nos agravia esta situación de estrés porque practicamos actividad gremial. No hubo resistencia autoridad ni amenazas”, recalcó.

Por su parte, Federik y Lambruschini marcaron que De la Rosa reconoció la llamada que le hizo a Trossero el martes 6 de junio de 2017, “a los efectos de adelantar lo que iba a resolver el Ministerio de Salud respecto de un recurso interpuesto por Migueles”. “La llamada se enmarca en una comunicación anterior con Berbara. Todo esto requería una solución inmediata”.