Pero, desde el año pasado mantiene un conflicto ambiental con los vecinos a raíz de que realiza el volcado de esas aguas infectadas de manera cruda al río Gualeguaychú y para colmo de males a cielo abierto.
Se trata claramente de un servicio que está mal implementado, peor ejecutado y que genera contaminación a uno de los cursos de aguas más vitales de la región como es el río Gualeguaychú.
Todavía se desconoce quién fue el funcionario que habilitó ese servicio, sabiendo que es una obra incompleta y que justamente lo que falta completar es el aspecto más esencial para tener en funcionamiento una laguna sanitaria: su funcionamiento y posterior volcado. En el mejor de los casos, se trata de una habilitación tan provisoria como criminal en materia ambiental y de saneamiento. Y encima, por esto cobran.
Desde el año pasado los hermanos Salvia (Jorgelina Marisa, Carolina Isabel y Celso Roque) impulsaron una denuncia en la Justicia denunciando estos atropellos, dado que advirtieron que ese volcado irregular de los desechos cloacales de todo Pueblo General Belgrano se hacía en su propiedad: un predio de 170 hectáreas que está ubicado en el Camino de la Costa al final.
En octubre de 2005 EL ARGENTINO se hizo eco de este malestar. En ese entonces, Jorgelina Salvia contextualizó: “El 27 de julio nos dimos cuenta que nuestro campo se estaba inundando y que esa agua no era del río ni de la lluvia. Así nos percatamos que provenía de las lagunas sanitarias que pertenecen a la Cooperativa de Agua Potable de Pueblo General Belgrano. Y lo más triste, que esas aguas servidas siguieron su curso hacia el río Gualeguaychú a través de zanjones a cielo abierto”.
Al día siguiente, los hermanos Salvia recurrieron a la escribana Cristina Iturrioz para que constatara, mediante acta notarial, lo sucedido. Desde entonces están reclamando por justicia. El legajo se inició en el juzgado Civil y Comercial N° 2 a cargo del doctor Leonardo Portela, quien ya advirtió a las partes que está en condiciones de dictar sentencia, pero otorgó un cuarto intermedio que vence a mediados de agosto para explorar la herramienta del diálogo y evitar la judicialización del conflicto.
“Desviaron el curso natural y llevaron esas aguas servidas de manera artificial hacia nuestro campo. Eso nos indigna, porque no es justo lo que han hecho”, resaltaron en diálogo con EL ARGENTINO la familia Salvia.
No es casual este conflicto. Porque el Municipio ya está severamente cuestionado judicial y socialmente por su actuación frente al emprendimiento del barrio náutico Amarras y ahora se le suma lo que genera la Cooperativa de Agua Potable que tiene a su cargo la gestión de la laguna sanitaria, que utiliza campos vecinos a cielo abierto para desagotar sus efluentes cloacales, derivando esos deshechos sin tratar al río y para ello abre zanjones en calles públicas. “Nos indigna, pero también nos causa dolor lo que han hecho”, insiste Carolina Salvia. “En todo este proceso nos hemos sentido atropellados. Y entendemos que el daño no es solamente a nosotros como particulares damnificados, sino al conjunto de la sociedad”, completó su hermana Jorgelina.
Por eso la Cooperativa y de manera solidaria la Municipalidad deben ofrecer alguna alternativa que contemple, como presupuesto de mínima, que el tendido de caños para el desagote no implique mayores daños ambientales al río. Y que el tratamiento que realizan a esas aguas negras es el más adecuado ambientalmente. Como esto todavía no ha podido ser asegurado por escrito, la familia Salvia se niega a dar el permiso para el paso de ese tendido o conexión. En el medio, amenazas solapadas y presiones que les advierten que el Estado los va a expropiar; a pesar de que en la conducción de la cooperativa hay militantes de la Federación Agraria Argentina que siempre han defendido la tierra de los que menos tienen. Por eso esta actitud también genera en la familia Salvia más temores y sospechas. En vez de realizar una propuesta que implique un estudio ambiental, lo que prevalece son estas presiones y así difícilmente se llegue a una solución por la vía del diálogo tal como pretende la Justicia.
¿Puede una cooperativa de servicios volcar a cielo abierto, abriendo zanjones en calles públicas, los efluentes de los desechos cloacales de toda una comunidad? Claramente no. Pero lo hace desde siempre, aún mientras el lector repasa estas líneas.
¿Puede una cooperativa de servicios volcar esos efluentes cloacales de toda una comunidad al río Gualeguaychú sin tener un estudio de impacto ambiental? Claramente no. Pero lo hace desde siempre hasta la fecha.
¿Pueden los municipios de Pueblo General Belgrano y Gualeguaychú tolerar que exista una laguna sanitaria de enormes dimensiones funcionando sin la concreción de elementales obras para su saneamiento? Claramente no. Pero lo consienten mirando hacia otro lado. Autorizando el funcionamiento de una laguna sanitaria que está incompleta y que no tiene elementales estudios de impacto ambiental.
¿Pueden los vecinos permanecer impávidos frente a este atropello ambiental y a las más elementales normas de convivencia? Claramente no. Por eso se han movilizado, han reclamado y cifran sus esperanzas que uno de los poderes del Estado le ponga límites a esta forma de operar. Por eso existe este conflicto que tiene enormes repercusiones.
La solución no es complicada sino elemental: las autoridades deben presentar un estudio de impacto ambiental que ofrezca garantías que el tratamiento de las aguas servidas que realizan y vuelcan al río es inocua al ambiente y a ese curso de agua dulce. No se puede reemplazar elementales normativas ambientales por la presión de la expropiación. Porque aunque expropiaran, el conflicto ambiental continuaría. Pero esto parece que no importa a las autoridades municipales de Pueblo General Belgrano ni a los directivos de la Cooperativa de Agua y Servicios de esa comunidad. Por el momento prevalece en ellos el vale todo en materia de saneamiento, es decir, en esa asignatura nada tiene valor.

Por Nahuel Maciel
EL ARGENTINO